La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exige al Estado venezolano investigar, juzgar y sancionar desde un enfoque de justicia y reparación culturalmente aceptado, a los responsables de los asesinatos de cuatro indígenas yanomami en Parima B, sur de Amazonas, ocurridos el 20 de marzo.
La instancia perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó el hecho y reiteró que, en casos relacionados con ejecuciones, el Estado tiene el deber de iniciar automáticamente y sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva.
“La investigación debe ser realizada a través de todos los medios legales disponibles para la determinación de la verdad y el enjuiciamiento y sanción de todos los responsables materiales e intelectuales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales”, manifestó la CIDH en un comunicado emitido la tarde de este viernes 8 de abril.
El órgano recomendó al Estado, en aras de incorporar un enfoque intercultural a la administración de justicia, coordinar y cooperar con autoridades de justicia indígena yanomami. De esa manera reconocería la jurisdicción especial indígena como expresión de su derecho a la libre determinación.
Además recordó al Estado que la presencia de fuerzas militares en territorios indígenas debe estar previamente acordada por la comunidad a través de sus instituciones representativas. “Por tanto, las medidas adoptadas para la protección de los pueblos indígenas deben reconocer sus derechos a sus culturas, tierras, territorios, recursos naturales y libre determinación”, versó el comunicado.
La CIDH reconoció que el proyecto Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO) y la diseminación de la minería ilegal que trajo consigo, envolvió a la región amazónica venezolana en un ciclo de violencia que afecta de forma específica a las comunidades indígenas, muchas de ellas, en aislamiento voluntario.
El 17 de julio de 2020, la CIDH otorgó medidas cautelares de protección a miembros de los pueblos indígenas yanomami y yekwana. Pues consideró que estos pueblos estaban en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en el marco de la pandemia por COVID-19, y la violencia por la ocupación militar y minera en la zona.
Desde el 20 de marzo, día en que una discusión entre militares e indígenas dejó un saldo de cuatro indígenas asesinados a manos de militares, y otras cinco personas heridas, distintas organizaciones de la sociedad civil han exigido una investigación imparcial de los hechos y justicia para las víctimas.
Las investigaciones no terminan de arrancar pese a que ya hay fiscales del Ministerio Público designados para ello. El pasado 3 de abril, el coordinador nacional de pueblos indígenas de la ONG Foro Penal, Olnar Ortiz, reportó que, sin defensa legal presente y desacatando medidas de protección del Ministerio Público, funcionarios del Estado trasladaron a testigos clave de lo ocurrido en Parima B fuera de Amazonas. Amnistía Internacional exigió garantizar la integridad de estos testigos, uno de ellos, menor de edad.
FundaRedes teme que las maniobras del gobierno silencien masacre de Parima B en Amazonas. José Mejías, coordinador de la ONG alertó que funcionarios del gobierno intentan negociar con los yanomamis para “enfriar el caso”.
