
Diversas organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos han exigido al gobierno dar atención a las necesidades de las comunidades indígenas.
La organización Horonami, que agrupa a los pueblos yanomamis del alto Orinoco (estado Amazonas), solicitó a la viceministra Jiménez que designe a un representante gubernamental y se traslade hasta Parima para conversar con los yanomamis y verificar la situación.
La falta de cifras oficiales y boletines epidemiológicos dificulta conocer la situación real por el difícil acceso a la zona, lo cual obstaculiza la verificación de la información.
La organización recuerda que para controlar la malaria se requiere “eliminar la minería ilegal, sacar a los garimpeiros, detener el flujo de gasolina y mercurio a las minas ilegales permitidas”.
A través de su cuenta en X, la ONG indicó que la administración de Biden indirectamente también fue responsable de la muerte de más de 85 yanomamis por malaria en el Alto Orinoco.
La ONG SOS Orinoco detectó seis nuevas zonas de explotación ilegal de oro y otros minerales. Tres de ellos están en territorio de Venezuela, y el resto en Brasil.
En los últimos años, la localidad se ha visto afectada por la minería ilegal de oro que se lleva a cabo en el territorio indígena yanomami.
Betancourt resaltó que el decreto del Arco Minero del Orinoco violenta todo lo que tiene que ver con el capítulo octavo de la Constitución, el cual refiere sobre los derechos de las comunidades indígenas.
La masacre ejecutada por militares venezolanos en Parima B, que vulneró los derechos de los yanomamis, no fue el primer caso escandaloso. Tampoco es la primera vez que no hay juicios ni culpables.
El coordinador nacional de pueblos indígenas del Foro Penal, Olnar Ortiz, informó que consignaron denuncias en el Ministerio Público ante el fiscal 91, Ángel Rodríguez, por las amenazas que ha sufrido Cenoya Silva.