Fundaredes sostuvo que el Estado “viola flagrantemente los derechos humanos de Javier Tarazona al someterlo a un proceso judicial plagado de irregularidades y abusos”.
Las desapariciones se han convertido en un flagelo que las autoridades suelen “ignorar”. A juicio de la directora de FundaRedes, Clara Ramírez, el Estado niega a los desaparecidos porque asumir que los tiene es reconocer que algo está muy mal.
Entre las principales causas de las muertes, Fundaredes señaló “resistencia al hurto, presuntos enfrentamientos, acción de bandas criminales, violencia de género, violencia intrafamiliar, ajustes de cuentas, riñas y extorsiones”.
Entre las principales causas de las muertes, Fundaredes señaló “resistencia al hurto, presuntos enfrentamientos, acción de bandas criminales, violencia de género, violencia intrafamiliar, ajustes de cuentas, riñas y extorsiones”.
Según documentó la ONG, grupos armados irregulares cometieron los crímenes. Estos grupos son tanto de origen colombiano como venezolano.
Desde julio hasta septiembre, la organización no gubernamental contabilizó 171 asesinatos, 22 desapariciones o secuestros y 33 enfrentamientos, en los que 31 personas murieron.
“Las pésimas condiciones de la infraestructura educativa evidencian que alrededor de 60% de las instituciones no han recibido mantenimiento por parte del Estado”, afirma Mora.
Los afectados entregaron un documento al Ministerio Público para solicitar celeridad en las averiguaciones de desaparecidos en altamar.
La ONG afirmó que ha denunciado en “reiteradas oportunidades” ante instancias regionales y nacionales la presencia y actuación de grupos irregulares contra la población en general y los productores agropecuarios.
José Mejías, defensor de derechos humanos, ratificó que “nos solidarizamos con los familiares de esta muchacha. Hay una representación de su familia en la zona tratando de ubicarla”.