Concierto Puer Natus se despide a lo grande en Guayana
7 Dic, 2024 - 9:30 AM
El 14 de diciembre de 2018 fue detenido dentro de la estatal Venalum en medio de una protesta que paralizaba los despachos de aluminio, junto a otros tres trabajadores: Andrés Rojas, Noel Gerdez y Ernesto Morillo. Fueron liberados el 29 de febrero de 2019.
El dirigente sindical de Ferrominera Orinoco fue condenado -el 13 de agosto de 2019- a 5 años y 9 meses de cárcel por un tribunal militar, por los cargos de ultraje al centinela y ultraje a las fuerzas armadas. Su vida peligra, mientras organizaciones nacionales e internacionales reclaman su libertad.
Luego de más de cuatro décadas de lucha laboral en CVG Ferrominera Orinoco, al jubilado conocido como “La Múcura”, le quemaron su camioneta en su casa en 2018 en el contexto de las protestas laborales en la industria del hierro. Ese año se le prohibió ingresar a la estatal.
La defensa del trabajo se ha convertido en una actividad de alto riesgo en Venezuela y, especialmente, en Guayana donde germinaron importantes conquistas en el marco de las hoy desaparecidas negociaciones colectivas. Correo del Caroní presenta hoy una serie de perfiles de trabajadores que dan cuenta del hostigamiento estatal, el cual no reposa ni en tiempo de coronavirus.
Luego de 28 años como trabajador regular, en 2008 decidió participar en las elecciones del Sunep-CVG hasta llegar al cargo de secretario general de la organización y empezar a sufrir la persecución de Hugo Chávez y de Maduro contra el movimiento sindical.
Desde 2018 Yépez es el rostro visible de un malestar mayor para los empleados: la ausencia de condiciones de trabajo dignas y contrato colectivo. El rechazo a estos acuerdos le ha traído acusaciones de instigación al odio, imposibilidad de disfrutar del transporte de la empresa e incluso la persecución y el hostigamiento por parte de funcionarios de seguridad del Dirección de General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
El dirigente del sector briquetero ha sido blanco de la criminalización de la protesta laboral: primero se le impidió el acceso a la planta, luego le suspendieron el sueldo y, posteriormente, despedido.
La trabajadora de Corpoelec recibió la notificación de despido el día del apagón nacional. Semanas antes denunció la falta de mantenimiento en las centrales hidroeléctricas.
La extrabajadora de Ferrominera fue despedida de la estatal del hierro por exigir el cumplimiento de las tablas salariales y negarse a participar en marchas oficialistas.
