lunes, 7 octubre 2024
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Amnistía Internacional exige garantizar integridad de yanomamis testigos de la masacre de Parima B

El organismo denuncia la “desaparición forzada” de los dos indígenas yanomamis, testigos de la masacre de Parima B, e insta al gobierno a dar a conocer su paradero.

Amnistía Internacional instó al Gobierno venezolano a esclarecer el paradero de los dos testigos de la masacre de Parima B, ocurrida el 20 de marzo, en la que fallecieron cuatro yanomamis en un hecho, aún no esclarecido, con funcionarios militares de la base de la Aviación asentada en la comunidad indígena de Amazonas.

A través de una declaración pública, del 6 de abril, se lee: “Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades venezolanas en relación con el paradero de dos jóvenes indígenas yanomamis, que habrían sido trasladados a un lugar desconocido después de haber presenciado hechos violentos en la comandancia de la Aviación de la localidad yanomami “Parima B” del estado Amazonas, al sur de Venezuela. Tal situación podría constituir desaparición forzada. Uno de estos jóvenes tiene 16 años de edad”.

El defensor nacional de derechos humanos de la organización Foro Penal, Olnar Ortiz, representante legal de los testigos, uno de ellos el adolescente sobreviviente de la masacre, había denunciado el 1 de abril un primer intento de sacar a los testigos del hospital José Gregorio Hernández, de Puerto Ayacucho, capital de Amazonas, por parte de presuntos funcionarios pertenecientes al Ministerio del Poder Popular para Asuntos indígenas.

El joven había sido intervenido tres veces en el centro de salud para salvarle el brazo y pierna herida. El domingo 3 de abril, Ortiz denunció, otra vez, el retiro definitivo de los testigos del centro de salud.

“Urgente, a las 4:30 pm, sacaron del estado Amazonas a los testigos claves de los hechos de Parima B, en el que están implicados funcionarios de la FANB, con destino al hospital militar de Caracas. Nunca fui notificado, además se me negó el acceso a la base aérea militar”.

Mediante su declaración pública, Amnistía Internacional también advirtió que la circunstancia en que fueron trasladados a Caracas los dos testigos de los hechos de Parima B, “los somete a desaparición forzada”.

La semana pasada, organizaciones de derechos humanos como FundaRedes, Foro Penal y el Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, denunciaron presuntas “maniobras del gobierno” y advirtieron que podrían estar orientadas a “enfriar” y “silenciar” los graves hechos contra la población originaria.

El miércoles, el gobernador de Amazonas, Miguel Rodríguez, aseguró en su cuenta de Instagram que “las denuncias de los yanomamis llegaron a las máximas instancias del Gobierno nacional y no quedarán en el vacío”.

La comunidad yanomami de Parima B, tras un supuesto enfrentamiento en los que militares de la base aérea asesinaron a cuatro de sus hermanos, impedía el relevo de los uniformados que presenciaron los hechos y demandaban que se aplicara su ley basada en el fallecimiento de un militar por cada indígena asesinado.

José Mejías, coordinador de FundaRedes, había advertido sobre la ejecución del relevo de los militares, tras varios intentos por parte de funcionarios del gobierno, de persuadir a los indígenas para silenciar el caso.

El 5 de abril, los militares que se encontraban en la base de Parima B fueron trasladados a Puerto Ayacucho, confirmó el mismo Mejías.