Olnar Ortiz, coordinador de pueblos indígenas de la ONG Foro Penal, denunció que sin previa notificación de su defensa legal y desconociendo las medidas de protección otorgadas por el Ministerio Público, la tarde del domingo funcionarios del Estado sacaron del Hospital José Gregorio Hernández en Puerto Ayacucho a Borges Sifontes, adolescente de 16 años herido por militares, y a su hermano Gabriel Silva, ambos testigos clave del conflicto ocurrido en Parima B el pasado 20 de marzo, en el que cuatro indígenas yanomamis fueron asesinados por militares del componente de aviación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Los muchachos fueron trasladados a Maracay, para luego ser llevados al Hospital Militar de Caracas. La defensa desconoce si ya están en el recinto asistencial y cuál instancia gubernamental ordenó el traslado. Lo único que se sabe es que se hizo en un vuelo de la Aviación de la FANB.
Esto ocurre luego de que el pasado 30 de marzo, Ortiz junto al hermano del adolescente sobreviviente de la violencia militar solicitaron ante el Ministerio Público información sobre las actuaciones que se han hecho hasta el momento y denunciaran oficialmente lo ocurrido en Parima B.
El 1 de abril, el Ministerio de Pueblos Indígena intentó sacar al adolescente y a su hermano del hospital, con la excusa de que el joven había recibido el alta médica y desconociendo la defensa legal privada de ambos. Por medida de protección del Ministerio Público, el Ministerio Indígena había acordado dejarlo en el centro médico en ese momento.
Ortiz denunció que intentó hablar con militares de la base aérea, pero se le negó el acceso. “Ahora no sabemos dónde están, los están alejando de su defensa legal”, denunció Ortiz en entrevista con Correo del Caroní.
Alejar a los testigos de su abogado es una irregularidad que los expone a una situación de mayor indefensión. Pues se desconoce qué garantías se les ofreció a los testigos, bajo qué condiciones de salud fueron trasladados y si dicho traslado se hizo de forma voluntaria o forzada.
No hay avances legales significativos hasta el momento, y el caso de los asesinatos ocurridos en Parima B se maneja con opacidad y hermetismo. Hay un expediente abierto en la Defensoría del Pueblo, y el fiscal general del Ministerio Público designó a dos fiscales para investigar lo sucedido.
Cuatro muertos y cinco heridos sin justicia
Cuatro indígenas, dos hombres y una mujer, fueron asesinados por militares del componente de Aviación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) la tarde del domingo 20 de marzo en Parima B, sur del estado Amazonas. Una comunidad remota a la que solo se accede vía aérea.
Todo ocurrió luego de que militares negaran acceso a internet a los indígenas yanomamis, estos rodearon la base de la FANB para exigir la devolución de un dispositivo de internet propiedad del capitán de la comunidad. Los funcionarios procedieron a detener al segundo capitán indígena, y fue entonces cuando presuntamente su hijo tomó el armamento de un militar y disparó a tres funcionarios para liberar a su padre.
Cinco personas resultaron lesionadas, entre estas dos militares, según información preliminar.
“Hay que visibilizar la situación socioeconómica de los yanomamis”
“No solo no se les protege (a los indígenas) sino que se les agrede porque quienes cometieron la masacre de Parima B fue la FANB. Hay un evidente incumplimiento del acuerdo firmado hace 30 años en el que el Estado se comprometía a proteger y a mejorar las condiciones socioeconómicas del pueblo yanomami luego de la masacre de Haximú. Los indígenas siguen sufriendo violencia ya sea de particulares, o la violencia del Estado”, manifestó Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de la ONG Provea.
Luego de la masacre de Haximú, en la que 16 indígenas yanomamis del sur de Amazonas fueron asesinados por garimpeiros de Brasil, Provea junto a otra organización presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El resultado es que se llegó a un acuerdo con el Estado –Acuerdo amistoso de Haximú– en el que este se comprometía a evitar que los yanomamis pudieran ser agredidos y afectados por violencias de cualquier naturaleza y mejorar el acceso a la salud.
“Hay que visibilizar la situación socioeconómica de los yanomamis. No solo es dificultad para acceder a la salud, la llamada Misión Guaicaipuro no ha logrado generar mayor impacto en la vida del pueblo yanomami”, puntualizó Alvarado.
