Lissette González insistió en que todas las detenciones son una violación del derecho a la protestas, así como de la libertad de expresión y comunicación de los dirigentes sindicales.
“El Estado debe propiciar las condiciones y mecanismos para que dichos derechos puedan ser ejercidos de forma efectiva y sin ningún tipo de discriminación”, insistió.
El Foro Penal Venezolano señaló que en el país hay 270 presos políticos, de los cuales al menos 50 tiene graves padecimientos de salud como Emirlendris Benítez, Guillermo Zárraga, Javier Tarazona o Igbert Marín Chaparro.
En Venezuela a un homosexual no le permiten donar sangre, una persona trans está obligada a identificarse legalmente con un nombre que no la representa y parejas del mismo sexo no tienen derecho a casarse.
El informe revela que el 90% de los arrestos se produjeron sin orden judicial, y que el 70% de los afectados fueron sometidos a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La renuncia de Loaiza al proyecto de derechos humanos que llevaba a cabo con la Unimet generó reacciones entre periodistas, ONG, activistas y sociedad civil que expresaron todo el apoyo a la abogada víctima de violencia de género.
Además del hacinamiento, las mujeres presas se enfrentan a la falta de asistencia médica, que incluso afecta a aquellas que tienen hijos dentro de las cárceles. Tampoco hay espacios dignos para la maternidad.
