La oposición venezolana y la sociedad civil dirigió sus esfuerzos esta semana en hacer llegar correspondencia abierta, a través de redes sociales, al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Una primera misiva busca el levantamiento de las sanciones impuestas contra Venezuela, mientras que una segunda carta insiste en la necesidad de reforzar las medidas para el Ejecutivo. Pese a que estos objetivos se contraponen la finalidad de ambos bandos es dirimir el mecanismo más efectivo para reactivar la industria petrolera. ¿La disyuntiva? Si se hace con Maduro en el poder o es imperativa la caída del régimen.
La primera carta fue firmada por 25 economistas, entre ellos Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis; Luis Oliveros, economista de la Universidad Central de Venezuela y especialista en Comercio Petrolero; y Tamara Herrera, economista y directora de la firma Síntesis Financiera. Los firmantes solicitan a la Casa Blanca el levantamiento de las sanciones económicas impuestas al país en 2017 abogando que estas no lograron sus objetivos y, pese a no ser las responsables de la crisis venezolana, “han exacerbado gravemente las condiciones para el venezolano promedio”.
En respuesta, el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, exiliado desde 2015 en España, redactó una misiva en la que advierte al mandatario norteamericano que no habrá campaña comunicacional que pueda limpiar la imagen de los Estados Unidos si se vuelve cómplice de la tiranía venezolana, a la que calificó como “uno de los regímenes más criminales que ha conocido la historia de la humanidad”. Ledezma aboga por las sanciones como un recurso vigente que limita la liquidez del régimen de Maduro. El texto fue suscrito por María Corina Machado y otros miembros de la oposición venezolana.
Para 2017 Estados Unidos compraba el 41% del crudo venezolano. China adquiría el 25% e India procesaba 22%. Las sanciones impuestas por Donald Trump prohíben las importaciones de petróleo venezolano a las empresas norteamericanas además de bloquear todos los activos de Pdvsa en Estados Unidos (valorados en 7 mil millones de dólares), incluida su filial Citgo. Estas medidas tienen la finalidad de cortar el ingreso económico a Nicolás Maduro, a quien al menos 50 países desconocen como presidente de Venezuela.
Economistas han reiterado la importancia de recuperar la industria petrolera, cuya capacidad era de 3 millones de barriles de petróleo diarios cuando el exmandatario Hugo Chávez llegó al poder -ingreso con el que pudo desarrollar actividades populistas- y que para 2021 apenas alcanzó los 824 mil barriles diarios. Asimismo, partidos opositores como La Causa R y Primero Justicia han hecho énfasis en la importancia de reactivar el sector petrolero a través de la inversión privada, ya que la estatal Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (Pdvsa) se declaró en default en el 2017, año en el que apenas se iniciaron las sanciones y para el cual la compañía ya estaba en quiebra.
Partidos opositores disienten en la búsqueda del mismo objetivo
El líder de La Causa Radical, Andrés Velásquez, calificó la carta de los 25 como una “insensatez” que presenta el levantamiento de las sanciones como un punto neurálgico en la recuperación económica del país. “Esa carta parte de una mentira. Las sanciones no tienen nada que ver con la quiebra de las empresas básicas ni con la quiebra de Pdvsa. La destrucción económica de Venezuela se debe a la corrupción”, arguyó.
De cara a los comicios de 2024, La Causa R presentó una propuesta económica cuyo primer punto es la apertura petrolera con inversión privada, no obstante, según Velásquez, estos proyectos solo pueden ser ejecutados cuando el régimen esté fuera del poder.
“La libertad no puede negociarse a cambio de flexibilizaciones ni alivio de sanciones. Si usted le da Maduro la apertura que está solicitando, lo va a convertir en un dictador más fuerte. Sin sanciones Venezuela ya estaba empobrecida, había violaciones a los derechos humanos, se rompió la separación de poderes: todo eso ocurrió sin sanciones. El endeudamiento del país ocurrió sin sanciones, cuando teníamos la bonanza petrolera”, aseguró el exgobernador de Bolívar, quien a su vez manifestó que el objetivo de las sanciones es que el régimen no siga asaltando los ingresos nacionales y se está cumpliendo.
Según especialistas en materia económica, la crisis nacional data del 2014. En el período comprendido entre 2014 y 2021 el producto interno bruto (PIB) nacional se ha contraído en 80%. Entre 2014 y 2019 el PIB disminuyó en 39,65% lo que posicionó a Venezuela como el país con mayor decrecimiento mundial.
El militante de Avanzada Progresista, partido fundado y recientemente abandonado por el excandidato presidencial Henri Falcón, Daniel Santolo, en entrevista con Correo del Caroní consideró que las sanciones no afectan al gobierno sino a los sectores económicos del país. Santolo declaró que su partido apoya la convocatoria de los economistas bajo la premisa de que las sanciones no son capaces de resolver el problema político del país.
“Eso se ha demostrado a lo largo del mundo. No hay ningún país que haya sido sancionado que haya cambiado su régimen político. Estamos en contra de la carta que apareció en respuesta (redactado por Antonio Ledezma) respaldada por personas que, en su mayoría, no viven en el país. Escriben desde afuera. Criticamos la política económica del gobierno que nos trajo hasta aquí, pero las sanciones han colaborado con la destrucción de la economía del país”.
Santolo puntualizó que los ingresos que entren al país deben ser fiscalizados por organismos internacionales y por el Parlamento. Asimismo enfatizó que las regalías deben ser utilizadas para dar solución a los problemas que aquejan a la ciudadanía. Además aseguró que es importante dar garantías jurídicas a las empresas que van a invertir en el país. “Los ingresos deben tener control para que no sean nuevamente malgastados”.
El Estado venezolano requiere una gran inyección de capital privado para sacar a Pdvsa del default, no obstante, se encuentra con trabas más allá de las sanciones estadounidenses, entre ellas la desconfianza por parte de los empresarios debido a las 5 mil expropiaciones sin compensación que llevó a cabo el gobierno de Hugo Chávez.
El coordinador general de Primero Justicia y diputado del Consejo Legislativo de Bolívar, Rachid Yasbek, dictaminó que la seguridad jurídica es el principal factor a tomar en cuenta en la reactivación económica. “Lo que está represado es dinero que si hubiera permanecido en manos del régimen se hubiera despilfarrado como se despilfarró durante el auge petrolero”, sentenció.
El dirigente de Primero Justicia, quien no se mostró parcializado por ninguna de las dos posiciones, planteó que el levantamiento de sanciones no es un indicativo de que habrá inversiones en el país. Además, Yasbek afirmó que ante esta medida se corre el riesgo de aumentar los actos de corrupción, a su vez, ejemplarizó casos como la represa de Tocoma, que tras más de 15 años de iniciada y con una inversión a cuestas de millones de dólares aún no está operativa.
“No existe una seguridad de que las inversiones que se hagan en Venezuela a manos de régimen vayan a funcionar. Levantar sanciones no resuelve el problema, el problema se resuelve llegando a un acuerdo nacional que genere seguridad jurídica. Eso puede venir de una ley que impida definitivamente las expropiaciones”.
– ¿Considera que las sanciones han cumplido su objetivo?
– Bloquearon un dinero que, de no haber sido bloqueado, ya estuviera en manos de corruptos. Si Citgo no hubiera estado protegida, ya habría sido entregada a los rusos y ya ahorita estamos viendo en qué andan los rusos. No es que no esté de acuerdo con que se levanten las sanciones, pero para que eso suceda debe haber integración de todos los factores sociales y políticos de Venezuela. Levantar sanciones no se traduce a un cambio en Venezuela. ¿Dónde están los técnicos para que asuman las posiciones en las empresas petroleras?, asegura Yasbek.
La fuga de cerebros y personal capacitado es otra de las problemáticas para el país, ya que desde 2002 el Estado despidió a al menos 20 mil empleados de la petrolera estatal durante el paro petrolero. A su vez erradicó la figura de los convenios operativos a las petroleras extranjeras obligándolas a asociarse con Pdvsa.
