Los sancionados “han apoyado y llevado a cabo las órdenes de Maduro para reprimir a la sociedad civil en sus esfuerzos por declararse fraudulentamente ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio”, indicó el Departamento del Tesoro.
El Departamento de Estado también informó que está tomando medidas para imponer nuevas restricciones de visas en virtud de “la Proclamación Presidencial 9931 a las personas afines a Maduro que han socavado el proceso electoral en Venezuela y/o son responsables de actos de represión”.
Los diputados aprobaron en segunda discusión solo siete de los 18 artículos que integran el proyecto de ley.
El ministro de Interior, Justicia y Paz recordó que el proyecto de ley, una vez que sea aprobado y entre en vigencia, contempla la realización de juicios en ausencia.
Con el proyecto de ley se propone castigar directamente a funcionarios, dirigentes y ciudadanos que respalden o inciten, según los criterios del Estado, la aplicación de sanciones “contra el pueblo”.
Semerene admitió ante la justicia del país norteamericano de que hizo parte de un plan ilícito que involucró a diez personas, entre ellos venezolanos, españoles y costarricenses.
La estatal aumentó sus exportaciones a India, que solía ser un mercado importante antes de las sanciones, enviando tres cargamentos, o alrededor de 141 mil bpd.
“Venezuela es hoy el tercer suplidor de crudo de Estados Unidos y no es el segundo porque no produce más. Estados Unidos dejó de comprar petróleo al medio oriente y esto está siendo aprovechado por Venezuela. Quien gane en las elecciones norteamericanas en noviembre tendrá que enfrentar grandes desafíos”, afirmó el economista Leonardo Buniak.
Sobre las sanciones, las normas destacan que cualquier empresa o promotor que desee publicitar en redes sociales, debe estar igualmente registrado en la Sudeaseg.
Para la cúpula somos presos reincidentes, que jamás se reinsertarán en “su suciedad”, esa que es su propiedad privada, su posesión por la gracia del socialcomunismo.