sábado, 13 julio 2024
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Bauxilum violenta contrato colectivo poniendo en riesgo prosecución escolar de hijos y representados de trabajadores

Cincuenta y cinco dólares por trabajador es el monto que reciben los empleados para costear la educación de sus hijos sin importar número de representados ni costo de las matrículas.

Este 1 de agosto trabajadores de CVG Bauxilum protestaron en el portón I de la compañía para denunciar la violación de la cláusula 25 de su contrato colectivo, referente al aporte educativo, situación que pone en riesgo la prosecución escolar de sus hijos y representados.

Desde 2022, Correo del Caroní ha reseñado denuncias laborales que afirman el incumplimiento por parte de la compañía la cual, según los testimonios, ha ido desmejorando el beneficio a tal punto que los empleados han tenido que retirar a sus hijos de los planteles.

El aporte educativo es un beneficio contemplado en las convenciones colectivas, el cual compromete a las empresas básicas a costear las matrículas escolares de los hijos de sus trabajadores que cursen estudios en centros educativos privados. En el caso de los colegios públicos, se hace entrega de útiles y material escolar.

“No es justo que se nos aplique esto a estas alturas. Mucho menos que se plantee eliminar la cláusula. Desde hace un año se redujo el monto a 55 dólares y los trabajadores vienen pagando el excedente. La cláusula te habla de que se debe cumplir con el 100% de todos los hijos”, José Sánchez

Según lo establecido en la cláusula 25 de la contratación correspondiente a CVG Bauxilum, el beneficio debe cubrir el 100% del costo de las mensualidades para todos los hijos del trabajador sin discriminación.

Bajo la consigna “con mis hijos no te metas” los manifestantes declararon que desde 2022 se modificó el acuerdo, que pasó de ser un aporte por hijo a un aporte por empleado.

Esto significa que un trabajador que tenga cinco hijos recibe el mismo aporte económico que alguien que tiene uno. Asimismo se fijó el monto de 55 dólares como pago máximo sin importar el costo de la mensualidad de los colegios que, en Puerto Ordaz, van desde los 65 hasta los 100 dólares.

Exigen que se respete el contrato colectivo

José Sánchez, secretario de trabajo y reclamo del sindicato de Bauxilum, manifestó su inconformidad con la situación, destacando que es una violación al derecho a la educación de sus hijos.

“Este aporte viene mermando y no han dado respuesta sobre mantener la cláusula. Exigimos que se cumpla el pago del 100% de las colegiaturas de nuestros hijos como lo establece la contratación colectiva. No es justo que se nos aplique esto a estas alturas. Mucho menos que se plantee eliminar la cláusula. Desde hace un año se redujo el monto a 55 dólares y los trabajadores vienen pagando el excedente. La cláusula te habla de que se debe cumplir con el 100% de todos los hijos. Si tienen dos o tres se debe cumplir con los tres; pero ahora la empresa ofrece un monto único por trabajador. Nuestros salarios no compensan para pagar las mensualidades”, señaló Sánchez.

Madres y padres de familia manifestaron estar preocupados por cómo sus hijos seguirán estudiando ante el incumplimiento de la estatal, esto en el marco de un sistema de educación pública deficiente por la falta de docentes, las fallas de los servicios públicos y las fallas estructurales de las escuelas.

Para junio de 2022, según la oenegé Fundaredes, las renuncias de educadores en colegios públicos alcanzaron el 50%. Mientras que el 80% de las escuelas de Puerto Ordaz tienen infraestructuras deterioradas, según el Colegio de Profesores de Caroní.

Francisca Rojas, madre de dos hijos con una trayectoria de 15 años en Bauxilum, expuso que cada trabajador tiene derecho a inscribir a su hijo en el plantel de su preferencia y esto debería ser cubierto por el beneficio. En este sentido señaló que sus hijos tienen 10 años en la misma institución y cambiarlos a un plantel público representaría una situación de angustia y estrés para ellos.

“Aquí cada quien decide y busca el servicio de educación privada porque la empresa otorga esa oportunidad. El colegio privado está dentro de la convención colectiva y es un derecho del trabajador elegir dónde quiere que sus hijos estén. Yo pago 85 dólares por niño y aquí recibo solo 55 dólares por trabajador. Nos sentimos afectados por la deuda que tenemos en los colegios. Me preocupa el destino de la educación de nuestros hijos. No es solo lo económico, nuestros hijos tienen una parte psicológica. Un niño que está desde preescolar en un sistema con un grupo y luego hay que sacarlo porque no se puede pagar, eso tiene repercusión psicológica. ¿Por qué nuestros muchachos tienen que padecer eso?”, alegó Rojas.

Fin de convenios con instituciones educativas 

La entrega de dinero a los padres como parte del aporte educativo es una metodología recién implementada, puesto que las empresas entablaban convenios con las instituciones y se hacían los pagos directamente al colegio, evitando que el representante tuviera que gestionar la cancelación de las mensualidades.

Sin embargo, según lo informado por la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, estos convenios no se renovaron debido a los retrasos en el pago por parte de las empresas básicas.

“Nosotros no deberíamos estar pagando colegio ni trayendo facturas. La empresa debe buscar convenios en los colegios y ella misma hacer los pagos. Por eso es que nosotros exigimos que apliquen la cláusula. No deben tirarles la pelota a los trabajadores, ellos están ahí para cumplir con la cláusula. El trabajador no debe estar buscando cupos, trayendo facturas… Son ellos los que deben reunirse con los directores y dueños de esos colegios para que nosotros podamos inscribir a nuestros hijos en esos colegios”, acotó un trabajador.

Central de Trabajadores cataloga mensualidades como “exorbitantes” 

El presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Pedro Perales, declaró en entrevista con Correo del Caroní que “la anterior administración de la CVG no cumplió con la cláusula y ahora la junta interventora está revisando la situación”.

“Hay una falla de cumplimiento grave y estamos haciendo el reclamo. No hemos acordado nada porque la nueva directiva de la CVG plantea que hay que revisar el tema en profundidad”, alegó el dirigente de la central oficialista.

Según Perales, desde la central han visitado distintos planteles en apoyo a la junta interventora. Asimismo señaló los esfuerzos de la Gobernación del estado Bolívar por mejorar las condiciones de los planteles públicos.

“Sobre los colegios privados, sobre todo en Puerto Ordaz, la situación es que las escuelas colocan montos exorbitantes y fuera de lo normal. La empresa está pagando 55 dólares por trabajador cuando corresponde por hijo de trabajador. Pero nos encontramos, cuando visitamos los colegios, con que hay colegios privados en San Félix que cobran 30 dólares. Mientras que en Puerto Ordaz hay colegios que cobran precios superiores a los 150 dólares”, acotó el dirigente.