Afectados señalan la fragmentación de las utilidades y el impago del aporte educativo como los principales incumplimientos de la compañía, a la que denunciaron en la Inspectoría del Trabajo.
Educadores advierten que continuarán en las calles hasta que haya una respuesta por parte de las autoridades educativas con respecto a la firma de un nuevo contrato colectiva.
El motivo principal de las convocatorias de calle, más allá de las diversas violaciones de derechos laborales, tiene que ver con un salario que empuja a docentes con distintos grados de profesionalización a la precariedad.
Marín asegura que un educador debe percibir de salario lo equivalente a la canasta básica alimentaria, que actualmente está alrededor de los 500 dólares, lo equivalente a más de 15 mil bolívares.
Cincuenta y cinco dólares por trabajador es el monto que reciben los empleados para costear la educación de sus hijos sin importar número de representados ni costo de las matrículas.
Afectados señalan al gerente de operaciones, Juan Díaz, de tener amenazados a todos los empleados que llevan denuncias sobre el estado de la planta a la junta interventora.
Representantes sindicales exhortan a los maestros a no firmar ningún acta o documento, toda vez que las autoridades educativas buscan atribuirles faltas de forma ilegal.
