Representantes y padres de estudiantes de distintos colegios privados de Ciudad Guayana esperan respuestas de la Superintendencia Nacional para la Defensa para los Derechos Socioeconómicos (Sundde) por aumento de mensualidades e imposibilidad de pago para inscribir a sus hijos en el período escolar 2020-2021.
Geishy Álvarez, representante en el Colegio Monte Carmelo, una de las instituciones que aumentó las matrículas, manifestó que no saben quiénes participaron en la asamblea donde se estableció el monto de 33 dólares, ni en qué momento y quiénes aprobaron la estructura de costos establecida. Dicha suma está lejos del alcance de un grupo de representantes, indicó, sobre todo de quienes dependen de un salario mínimo de 0,90 centavos de dólares.
Por esta razón entregaron una denuncia el 17 de septiembre a la Sundde. Según Álvarez, el reclamo contaba con las firmas de 600 representantes que rechazaban el monto escogido en la asamblea.
La representante es abogada y tenía tres trabajos. La cuarentena no le ha permitido continuar sus labores y esto ha generado que sus ingresos se hayan limitado priorizando alimentos y salud. Como ella hay otros representantes que quedaron sin poder acceder a este servicio.
“Que la Sundde se pronuncie porque está generando muchísima preocupación”, conminó Álvarez. Para la abogada se debe garantizar la educación de los niños, mientras logran un acuerdo de precios con la institución privada.
Según Álvarez hay padres que, aunque lograron inscribir este nuevo periodo académico, tienen temor dado lo complejo que es cada vez saldar dicho monto. Estima que alrededor del 60% de los representantes no tendrían cómo pagar el año escolar.
En el caso del Colegio Monte Carmelo, la asamblea donde se acordó el monto de las mensualidades contó con una votación de 498 personas, de las cuales 364 votaron por la opción de 33,10 dólares. Sin embargo, hay representantes que alegan no confiar en dicho proceso.
Andrés Romero, profesor universitario, no ha inscrito a sus hijas porque no tiene el dinero completo. “En 33 dólares no debería quedar. Hay muchos elementos que vislumbran irregularidades en el proceso”, expresó.
Para Romero no es posible que las personas hayan votado por ese monto cuando hay cerca de 500 representantes descontentos. Según el representante, la elección estuvo viciada.
El salario de seis dólares de Romero no le permite costear los 66 dólares que debería pagar por sus dos hijas. “Estamos en una pandemia (…) no creo que sea lo más justo aumentar 1.000% dejando a tus muchachos sin posibilidad del derecho al estudio”, exclamó.
Otros colegios
De igual manera hay representantes de otros colegios que su situación económica no les permite pagar las nuevas tarifas. “En ningún momento se realizó asamblea”, comentó Aurismel Clisanchez, representante del Colegio Gonzalo Méndez II. Tiene una hija dentro del centro educativo y al trabajar en el área pública no tiene para costear los 33 dólares que está cobrando la institución.
La estructura de costos para establecer dicho monto no fue presentada, afirmó Clisanchez, por lo que consideró se está vulnerando el acceso a la educación de su hija.
 Representantes se concentraron el 25 de septiembre para solicitar respuestas al Sundde |
El 20 de septiembre entregaron un documento por escrito al Sundde esperando ser atendidos ante el aumento de las mensualidades. Estima que alrededor de 200 representantes no tienen cómo costear los 33 dólares de la mensualidad, por lo que solicita acompañamiento para establecer un monto menos elevado.
Humberto Taly, representante de una alumna del Colegio Jesús Obrero, también espera respuestas del Sundde. Manifestó que la institución violó la resolución 024 al fijar la mensualidad sin presentarles la estructura de costos a los representantes antes de ir a la asamblea.
Calculó que 85% de los representantes de la unidad educativa no pueden pagar la mensualidad establecida en 35 dólares y que alrededor de 12 representantes han retirado a los hijos al no tener cómo costear dichos montos.
Las autoridades del colegio estuvieron dispuestas a escucharlos, pero no los tomaron en cuenta, propusieron un monto de 12 dólares como mensualidad. Dado esto, introdujo un reclamo el 10 de septiembre en la Sundde. Argumentó que no busca perjudicar al colegio sino lograr un acuerdo que sea beneficioso para ambos sectores.
Colegios diezmados
La resolución 014 establece que el presupuesto económico de cada colegio privado lo aprueban los padres, madres, representantes y responsables junto con la directiva de la institución. Esto debe realizarse mediante una asamblea y debe contar con la participación del 75% en primera instancia o del 50% más 1 de no haber cuórum en la primera elección.
Por su parte la resolución 024 establece que no queda establecido la obligatoriedad del pago de matrícula en moneda distinta al bolívar, pero los representantes pueden hacerlo de así decidirlo. También señala que una vez estén estructuradas las propuestas de cobro deberán someterse a la aprobación en asamblea de padres y representantes
El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas (Andiep), Jhon Lara, aseguró que todos los colegios afiliados a su gremio han cumplido con lo estipulado en las resoluciones 024 y 014 para establecer el monto de las mensualidades.
De igual forma el Sundde tiene documentos con los trámites promovidos por cada una de las escuelas para definir el pago de la mensualidad y de haber alguna irregularidad en cuanto a los procesos, dicha entidad actuará en el cumplimiento de las resoluciones, explicó.
Aunque entiende la difícil situación de los representantes, comentó que la condición de los colegios es crítica dado los gastos que deben enfrentar en mantenimiento y profesores. “Si bajamos la estructura de costos vamos a cierre”, señaló.
De acuerdo con Lara, dependen de estos montos para conservar una educación de excelencia ya que deben mantener motivados a los docentes pagando buenos salarios. Recomendó lograr acuerdos entre colegios y representantes.
En el mes de julio 22 colegios privados de Ciudad Guayana exigieron un nuevo reajuste económico para el periodo académico 2020–2021, dada la necesidad de cumplir con el pago de nómina, mantener la infraestructura y los equipos de los centros educativos.
Autoridades de distintos colegios en ese entonces señalaban que era necesario subir las mensualidades para mantener la operatividad, además de ser vital para sostener el estatus educativo.
La Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep) estimaba para 2018 que 400 colegios privados en el país corrían el riesgo de cerrar por no poder pagar gastos operativos.
