José Rivas

Los trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) recibieron un pago promedio entre 20 y 40 dólares por el último 25% de las utilidades, cuatro y hasta ocho veces menos que los empleados de las empresas básicas.

Alcasa ha sido la más perjudicada desde su paralización en 2019. Desmantelada, la estatal solo lamina el aluminio que recibe de Venalum.

Propietarios del comercio habrían presentado un documento que permitía el cercado del estacionamiento, una medida que, según un experto en urbanismo, es ilegal.

El economista insiste en que el año 2022 brindará mejores garantías para el empresario privado, quien deberá aprovechar para tomar acciones en pro del crecimiento de sus empresas y negocios.

Los derechos humanos a alimentación y al agua potable son violados por el Estado que no garantiza las mínimas condiciones de vida a los privados de libertad.

Los electores de los principales centros de la parroquia recriminaron la precariedad de los servicios básicos y pide a los candidatos “que volteen más hacia el pueblo y no hacia ellos mismos”.

Hasta este viernes la fuga no ha sido atendida. Ciudadanos que frecuentan la zona solicitan atención de bomberos para evitar algún accidente. | Foto José Rivas

Más de 183 empleados costarricenses cumplen dos meses sin salario, mantienen deudas con bancos, no tienen cómo adquirir alimentos para su familia y sin otras oportunidades de empleo. | Foto Mayela López

Sobre la base del proyecto Guayana Posible, el presidente del Colegio de Ingenieros, seccional Ciudad Guayana, remarca el dinamismo de la profesión en el Día Nacional del Ingeniero y con acento en la recuperación económica y laboral de la región.

En la entidad se registraron 87 manifestaciones, solo siete menos que las documentadas en septiembre del año pasado, por lo que el malestar por la pérdida de los derechos básicos sigue latente. | Foto William Urdaneta