El juicio por el femicidio de Giannely Pirrongelli, joven de 23 años asesinada en El Callao, estado Bolívar, sigue su curso pese a que familiares exigieron la suspensión inmediata por falta de imparcialidad y demás irregularidades en el proceso judicial.
Una protesta virtual realizada desde la noche del domingo 10 de abril, y en la que la sociedad civil exige el avocamiento de la causa y un juicio justo, fue la antesala de la última audiencia pautada para este lunes 11 de abril en el Tribunal de Juicio del Circuito Judicial de Delitos de Violencia contra la Mujer, en Tumeremo.
“Desde el feminismo venezolano elevamos nuestras voces para decir basta a la violencia institucional ejercida sistemáticamente en contra de las víctimas indirectas y familia de Giannely Pirrongelli. Hacemos un llamado al máximo rector de la justicia, el TSJ, en la revisión exhaustiva e inmediata de este caso”, manifestaron en un comunicado conjunto, organizaciones pertenecientes al movimiento feminista en Venezuela.
Familiares de la víctima denuncian retardo procesal en todas las fases judiciales e irregularidades como la parcialidad de la jueza, acceso restringido al expediente del caso, cambio de uno de los fiscales, omisión de las actas de las últimas audiencias en el expediente, y comodidades de traslado para el acusado.
Por eso pidieron el respaldo del Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer), Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y la Asamblea Nacional, para elevar ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la solicitud de radicación del caso a Caracas. Y aunque recibieron el apoyo de estas instancias, el TSJ denegó la solicitud.
“Verás que tu hermana murió de causas naturales”
Los familiares de la víctima piden que se revisen las actuaciones de la jueza que lleva el caso, Anneidys Graffe y demás funcionarios, pues aseguran que es parte de una red de sobornos que tiene como protagonistas al acusado, los abogados defensores y funcionarios del órgano jurisdiccional del Circuito Judicial de Delitos de Violencia Contra la Mujer.
“Verás que la causa de muerte de tu hermana fue natural”, fue lo que la hermana de la víctima, Giorgelli Pirrongelli, le escuchó decir a la jueza al final de la segunda audiencia del juicio, realizada el 16 de noviembre de 2021. Aquellas palabras revelaron la opinión adelantada, conclusiva y de carácter absolutorio de Graffe.
El 29 de noviembre de 2021, el juicio fue interrumpido porque el Ministerio Público ordenó la salida de uno de los fiscales que llevaba el caso. El proceso se reanudó el 14 de diciembre.
Giorgelli denunció que, en cada audiencia, la jueza viaja hasta el Circuito Judicial de Delitos de Violencia Contra la Mujer, extensión Tumeremo, en los vehículos que pertenecen a los abogados del acusado.
Además de ello, relató que Graffe utiliza computadoras y equipo de video que la defensa del acusado le proporciona para grabar las audiencias. Cada filmación la resguardan en sus carros. Es decir, la jueza acepta favores de la parte acusada durante el desarrollo del juicio que preside.
Familiares de la víctima reportan que en noviembre de 2020 solicitaron al Tribunal de Juicio, con competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer, y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que las audiencias de juicio se hicieran de forma telemática por las dificultades que tiene la familia de la víctima para trasladarse desde Puerto Ordaz hasta Tumeremo (a tres horas y media de distancia) por la falta de combustible, y el encarecimiento del pasaje en carros por puesto. La solicitud también fue negada.
“Esta causa ha continuado su curso a pesar de todas las diligencias hechas por la familia Pirrongelli para tratar que sea respetado el debido proceso, la imparcialidad y la equidad, pero no ha tenido respuesta que le permita creer en una sana administración de justicia, al contrario, saben que la decisión que está construyéndose será la de absolver a un femicida, eso sí, con poder aurífero”, reseñó la familia en una carta abierta dirigida al magistrado Maikel Moreno Pérez, presidente del TSJ y firmada por al menos 17 familiares de víctimas de femicidio en Venezuela.
Dos muertes
Giannely Pirrongelli, joven con ocho meses de embarazo, falleció la mañana del 25 de septiembre de 2020 en la Clínica Van Praag de Upata. Dos días después de haber recibido una golpiza por parte de su pareja Robert Gustavo Terán Barrios, de 26 años, en El Callao. El hombre se dio a la fuga, pero fue aprehendido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Actualmente está acusado de femicidio y recluido en el calabozo del Cicpc, en San Félix, Ciudad Guayana.
Aunque en un principio familiares de Terán reportaron a la hermana de Giannely que la muchacha murió primero por dengue hemorrágico, luego por COVID-19 y después por preeclamsia, la autopsia oficial reveló que murió asfixiada. Su cuerpo tenía señales de desprendimiento de placenta y trauma abdominal contuso, es decir, recibió múltiples golpes. Su bebé también murió por hipoxia neonatal y hematoma retro placentario.
Giannely era madre de un niño de dos años.
Revictimización en cada parte del proceso judicial
Durante todo el proceso judicial -que ha durado un año y seis meses-, la hermana de Giannely fue a Caracas en al menos dos ocasiones para pedir apoyo al TSJ. Asegura que solo ha recibido maltrato por parte de funcionarios públicos.
Primero acudió a la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial, y aunque la magistrada Elsa Gómez la recibió en su despacho, fue atendida por su asistente. Pirrongelli expuso ante la instancia que la fiscal entonces designada por el Ministerio Público, Jennifer Durán, no asistía con frecuencia a las audiencias.
También denunció ante la comisión que al acusado y privado de libertad se le permitió trasladarse a las audiencias de juicio desde el centro de reclusión en San Félix hasta Tumeremo en su propio vehículo y sin custodia. Pirrongelli señaló que ella misma lo presenció y procedió a denunciarlo ante la jueza Graffe, pero esta no tomó en cuenta el reporte.
Al contrario, exigió a la defensa de la víctima que otorgaran un poder a Pirrongelli, firmado por sus padres para poder entrar a las audiencias, hacer solicitudes o presentar escritos. A Pirrongelli se le prohibió tomar notas de todo lo que ocurriera dentro de cada audiencia, y aunque solicitó que se documentaran en el expediente todas las irregularidades que ocurrían durante la audiencia, las actas no llegaban completas.
Tras escuchar lo expuesto, la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial le prometió que procederían a verificar la denuncia de irregularidades en el juicio, que procederían a interrumpir inmediatamente el juicio y que de ahora en más el acusado sería trasladado por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para evitar una posible fuga, pero nada de lo prometido se concretó.
Luego Pirrongelli fue atendida por la doctora Bárbara Rojas, abogada y secretaria de la comisión. De acuerdo con lo reportado por ella, Rojas la interrogó en el pasillo del TSJ y le dijo directamente que no tenía pruebas de lo que denunciaba, que era la palabra de la familia Pirrongelli contra la de los funcionarios del tribunal y reiteró que el caso se iba a quedar en la jurisdicción del estado Bolívar, anticipándose a la decisión que estaba siendo evaluada por la máxima autoridad de la instancia.
La siguiente puerta a tocar fue la del Ministerio Público. Ante la Dirección de Protección de Familia y Mujer también fue expuesto el caso y las irregularidades entretejidas en el proceso. El doctor Michael Díaz Mendoza designó a dos fiscales con competencia nacional para asistir a la audiencia que se pautó el 14 de diciembre de 2021 en Tumeremo.
Esa audiencia se difirió por la incomparecencia injustificada del acusado. Luego de observar las irregularidades, uno de los fiscales designados presentó la solicitud de radicación de la causa ante el TSJ, que luego, el 23 de febrero de este año, fue negada.
Al no recibir respuesta de ninguna otra instancia gubernamental, la familia Pirrongelli se dirigió entonces a la Asamblea Nacional, donde la hermana de la víctima fue atendida por Asia Villegas, diputada y presidenta de la Comisión Permanente para las Familias, Libertad de Religión y Culto.
Villegas recibió las denuncias de irregularidades procesales del juicio por femicidio, y presentó ante el TSJ la solicitud de revisión de la causa, así como su apoyo a la solicitud de radicación del caso.
Familiares también acudieron al Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer) en Puerto Ordaz y Tumeremo. La instancia también apoyó la radicación del caso y emitió la solicitud ante el TSJ.
La coordinadora de Inamujer en Tumeremo intentó acompañar a la hermana de la víctima en el proceso de juicio, pero la jueza prohibió su entrada a las audiencias.
Alta tasa de femicidios y de impunidad
El juicio está por concluir, hoy es la audiencia final, y familiares temen que gane la impunidad. El caso de Giannely fue ampliamente difundido en redes sociales, y apoyado por organizaciones feministas como Monitor de Femicidios de Utopix, Ambar Asociación Civil, Cultura Sur, Red de Acompañamiento Territorial, Asociación Civil Tinta Violeta, Feministas del Abya Yala (FAY), Hombres por la equidad e igualdad, Ruta Verde, Las Comadres Púrpuras, Uquira, Mujeres en Lucha, entre otras.
Durante 2020, año en que Giannely fue asesinada, en el estado Bolívar ocurrieron al menos 19 femicidios documentados por la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu).
Durante 2021 se reportó la misma cantidad de casos. El Observatorio Guayanés de Violencia Basada en Género reportó que la mayoría de estas muertes violentas ocurrieron en El Callao, Caroní y Angostura del Orinoco. Bolívar se posicionó como el estado con mayor cantidad de femicidios reportados en apenas el primer semestre de 2021.
La violencia basada en género es progresiva y puede prevenirse, pero para ello es necesario que el Estado se comprometa a garantizar la protección y reparación de las víctimas, así como la sanción a los victimarios a través de un accionar judicial oportuno, transparente e imparcial. La impunidad perpetúa el ciclo de violencia.
Robert Teran «Privado de libertad» ha sido visto durante el juicio en El Callao realizando compras con sus familiares. La medida de Aseguramiento no es un capricho de él Estado, responde a razones claramente establecidas #SentenciaCondenatoria #JusticiaParaGinaYSuBebe pic.twitter.com/hdy9q4wleG
— Giorgelli Pirrongelli | JusticiaParaGinaYSuBebe (@Pirrongelli_) April 10, 2022
La Jueza recibía «favores». El juicio estuvo MINADO de #IRREGULARIDADE$.
Un solo acto de Conducta Judicial Inadecuado daña irreparablemente la autoridad moral del Tribunal#SentenciaCondenatoria#JusticiaParaGinaYSuBebé#JusticiaParaTodasLasMujeres@JusticiaMujerVe@TSJ_Venezuela pic.twitter.com/sDNK8sIH8s— MamáDAdrianaUrquiola/AdrianaUrquiola2/7/85-23/3/14 (@manuelita1504) April 11, 2022
Mañana 11 de abril última #AUDIENCIA
JUICIO:
Después de haber acelerado la celebración de las audiencias por #FEMICIDIO de Giannely Pirrongelli, el Tribunal da largas a dictar DISPOSITIVA?? #Dilaciones#SentenciaCondenatoria#JusticiaParaGinaYSuBebé#JusticiaParaTodasLasMujeres— Ruta verde💚 (@rutaverdevzla) April 10, 2022
#10Abr#HOY #Tuitazo 7pm
Luego de 2 años y 6 meses Mañana lunes #11Abr 2022 #CulminaJuicio por #Femicidio de #GiannellyPirrongelli
Alzamos la voz y pedimos#SentenciaCondenatoria#JusticiaParaGinaYSuBebé #JusticiaParaTodasLasMujeres@Pirrongelli_@AimeeZambranoO@TSJ_Venezuela pic.twitter.com/3qEVF66gmY— MamáDAdrianaUrquiola/AdrianaUrquiola2/7/85-23/3/14 (@manuelita1504) April 10, 2022
