miércoles, 29 de junio de 2022

Familiares exigen radicación del caso de femicidio de Giannelly Pirrongelli por irregularidades judiciales en Bolívar

Las víctimas indirectas del femicidio ocurrido en septiembre de 2021 piden respeto al debido proceso, la no violación de sus derechos fundamentales, y el acceso a un juicio imparcial.

Las víctimas indirectas del femicidio ocurrido en septiembre de 2021 piden respeto al debido proceso, la no violación de sus derechos fundamentales, y el acceso a un juicio imparcial.

@mlclisanchez

Familiares de Giannelly Pirrongelli, víctima de femicidio en septiembre de 2020, denuncian irregularidades en el proceso de juicio, por lo que solicitarán radicar el caso fuera del estado Bolívar.

Entre esas irregularidades destacan retardo procesal, acceso restringido al expediente del caso, cambio de uno de los fiscales, omisión de las actas de las últimas audiencias en el expediente, y comodidades de traslado para el acusado.

“Tengo meses solicitando copias concretas del expediente y se inventan cualquier artilugio para no dármelas. Inclusive, en el expediente no están las actas de las últimas audiencias”, denunció Giorgelly Pirrongelli, hermana de la víctima.

Giannelly Pirrongelli, de 23 años, tenía ocho meses de embarazo cuando falleció el 25 de septiembre de 2020 en la clínica Van Praag de Upata, estado Bolívar. Su muerte y la de su bebé ocurrió dos días después de haber recibido una golpiza de quien fue su pareja por dos años, Robert Gustavo Terán Barrio, de 26 años, quien fue acusado de femicidio agravado y actualmente está recluido en los calabozos de Guaiparo, en San Félix. 

Faltas al debido proceso

 La etapa de juicio inició el pasado 8 de noviembre, a cuatro meses de haberse hecho la audiencia preliminar del acusado.

El proceso de juicio quedó interrumpido el 29 de noviembre porque, sin mayores explicaciones, el Ministerio Público ordenó la salida de uno de los fiscales que llevaba el caso.

El tribunal ordenó el reinicio del proceso desde cero el 14 de diciembre, pero la audiencia fue diferida porque, presuntamente, el acusado enfermó. Los familiares denuncian que no hay constancia en el expediente que indique la condición de salud actual del acusado, y su defensa tampoco se presentó en tribunales ese día.

 

Es evidente que el poder económico está del lado del acusado y nosotros somos los vulnerables”

denunció la hermana de la víctima

 

Reportan que el accionar público favorece al acusado. Muestra de ello es que, de acuerdo con parientes, Terán se traslada a tribunales sin custodia y conduciendo su propio carro. “Yo esperaba verlo llegar en patrullas y esposado, y no es así, llega manejando su propio vehículo. La defensa aludió a su custodia y la jueza no verificó ni hizo el intento de llamarlo para que se presentara en la sala de audiencias en otras ocasiones”, declaró.

“Aparte de eso, el juicio estaba siendo grabado, y el camarógrafo es primo del acusado”, denunció Pirrongelli. Además de ello, los familiares señalan que se le negó la entrada a una funcionaria del Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer), aunque iba en calidad de acompañante en un juicio oral y público.

También señaló que la jueza se traslada en el mismo vehículo que la defensa del acusado alegando que no tiene otra forma de movilizarse. 

Irrespeto y revictimización 

Pirrongelli resaltó que ha recibido maltrato por parte de autoridades judiciales.

“Las observaciones hechas ante el órgano jurisdiccional de irregularidades o violaciones de nuestros derechos como víctimas no son recibidas con respeto y el ánimo de mantener el hilo constitucional y equilibrio del proceso. Además del daño irreparable que se supone el femicidio de mi hermana y de la muerte de su bebé no nacido, del duelo que llevamos a cuesta y que no ha habido tiempo de llevar con el tiempo y espacio necesario. También revictimizados por hacer valer los pocos derechos que quedan después de un asesinato. Entender y practicar la esencia de los derechos humanos de las víctimas sería bien importante”, expresó Pirrongelli.

“Es evidente que el poder económico está del lado del acusado y nosotros somos los vulnerables”, agregó.

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