miércoles, 21 febrero 2024
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Familiares de Giannelly Pirrongelli exigen inicio del juicio por femicidio

A un año del asesinato de la joven embarazada de 23 años en el sur de Bolívar, el caso continúa sin sentencia ni fecha de inicio del juicio. Familiares denuncian que no han podido acceder al expediente del caso. | Foto cortesía

@mlclisanchez

Familiares de Giannelly Pirrongelli exigen que el proceso de juicio por el asesinato de la joven de 23 años inicie de forma telemática, pues a dos meses de haberse realizado la audiencia preliminar, la etapa de juicio no ha comenzado.

Pirrongelli tenía ocho meses de embarazo cuando falleció el 25 de septiembre de 2020 en la clínica Van Praag de Upata, estado Bolívar. Su muerte y la de su bebé ocurrió dos días después de haber recibido una golpiza de quien fue su pareja por dos años, Robert Gustavo Terán Barrio, de 26 años, quien fue acusado de femicidio.

La autopsia oficial reveló que Giannelly murió por hipoxia severa ocasionada por asfixia mecánica.

Familiares de la víctima denuncian retardo procesal en todas las fases judiciales del caso. La audiencia preliminar fue diferida en tres ocasiones porque los tres abogados de Terán no se presentaron, o por fallas en el traslado del acusado.

En principio, la causa la llevó el tribunal con competencia en violencia contra la mujer de Tumeremo, municipio Sifontes, pero luego fue remitida al Tribunal I de Control en materia de Violencia Contra la Mujer, en Ciudad Guayana, municipio Caroní.

Dos jueces han sido recusados por la defensa del acusado a fin de retrasar el proceso judicial. Terán está detenido de forma preventiva en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en San Félix, bajo el cargo de femicidio agravado.

En la audiencia de presentación la jueza que llevaba el caso citó como sitio de reclusión la cárcel de El Dorado, mientras se realizaba el proceso de juicio. Sin embargo, a la jueza la recusaron y la orden no se cumplió.

En medio de los retardos procesales, familiares de la víctima han solicitado acceso al expediente del caso, pero su solicitud legítima no ha sido tomada en cuenta.

Fiebre, dengue

Giannelly Pirrongelli era estudiante de contaduría pública y madre de un niño de dos años de edad que hoy está al cuidado de sus abuelos | Foto cortesía

La noche del 24 de septiembre de 2020, Giorgelly Pirrongelli, hermana de la víctima, recibió un mensaje en su celular: “a tu hermana la tuvimos que traer a la clínica porque tenía fiebre, ya le pusieron medicamento y la fiebre bajó”, le escribió la hermana de Robert Terán.

Familiares de la víctima estaban en Ciudad Guayana, a dos horas y media de distancia de El Callao, sitio donde vivía Giannelly con su pareja e hijo de dos años de edad.

La madrugada del 25 de septiembre, familiares de Terán volvieron a contactar a Giorgelly para decirle que Giannelly estaba vomitando sangre producto de un posible dengue hemorrágico, por lo que la muchacha fue trasladada a la clínica Van Praag de Upata, al no poder ser atendida en El Callao.

Giannelly ya tenía criterio de hospitalización en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), por lo que la remitieron al Hospital Uyapar de Puerto Ordaz, pero no hubo tiempo de trasladarla y falleció en la clínica de Upata, a las nueve de la mañana de ese 25 de septiembre.

Hipoxia por asfixia mecánica

Tras su muerte, los familiares de Terán informaron a la familia de Giannelly que la joven murió por una complicación severa del embarazo ocasionada por presión arterial alta (preeclampsia).

Luego, Terán se trasladó a la casa de los padres de la víctima para decirles que había muerto de COVID-19 y, por lo tanto, no podrían velarla ni practicar ninguna autopsia de acuerdo con los protocolos sanitarios.

Dengue hemorrágico, preeclampsia y COVID-19 fue el discurso inconsistente que mantuvo la familia del hoy acusado del femicidio.

Sin embargo, la autopsia oficial reveló que Giannelly murió por hipoxia severa ocasionada por asfixia mecánica. La mujer tenía múltiples hematomas internos en el área abdominal y en la parte izquierda del cerebro.

 

La autopsia apuntó que la víctima recibió múltiples golpes que le ocasionaron desprendimiento de placenta y provocaron que su bebé muriera por hipoxia y un hematoma contuso. 

El Cicpc continuó investigando hasta que Terán confesó que había golpeado a la joven, pero “nunca imaginó que esos golpes la llevarían a la muerte”.

La violencia no era nueva

Familiares aseguraron que Giannelly fue víctima de violencia física por parte de su pareja en otras ocasiones durante los dos años de relación.

“Gelys, Robert se volvió loco. Estamos muy apenados con tu familia”, fue lo que Giorgelly le escuchó decir a la hermana de Terán, a las afueras del Cicpc en Upata, luego de que la familia lograra que le hicieran la autopsia a la víctima.

Desde entonces, el camino para alcanzar justicia ha sido intrincado y ha costado una protesta presencial y varias virtuales organizadas por colectivos feministas del país con la etiqueta: #JusticiaParaGinaYSuBebé.

El femicidio es el punto de no retorno de la violencia basada en género. Este es un problema de salud pública que puede prevenirse con políticas públicas destinadas a la protección de mujeres víctimas de distintas formas de violencia, comenzando con sensibilizar a funcionarios públicos para no desestimar ninguna denuncia de violencia previa, y que los órganos competentes dejen de dimensionar la violencia como un asunto doméstico y personal.

Pero son políticas públicas que el Estado no tiene como prioridad. El asesinato de Giannelly Pirrongelli es uno de los 19 femicidios que ocurrieron en el estado Bolívar durante 2020 según cifras de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu).

Hasta mayo de 2021, la entidad contabilizó ocho femicidios en Bolívar que, en su mayoría, no han alcanzado justicia. Entre los más resaltantes están los casos de Dorialcely Tocuyo asesinada en El Callao, Milanyela Carvajal asesinada en un sector minero de El Dorado, en Sifontes, y Alyamil Torres asesinada en Ciudad Piar, municipio Angostura.