Maduro recibió la Ley para la Elección de Jueces de Paz de manos del presidente de la Asamblea Nacional 2020, Jorge Rodríguez.
El Parlamento también ratificó a Alfredo Ruiz como encargado de la Defensoría del Pueblo en el país y designó a Gustavo Vizcaíno como el nuevo contralor general de Venezuela.
Rodríguez sugirió, entre otras cosas, que se trabaje para desarrollar el tema de la proporcionalidad en los cargos legislativos.
La ONG Acceso a la Justicia hizo un análisis de cómo la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro afecta a los venezolanos.
La coalición opositora sostiene que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó la presidencia por un amplio margen, un reclamo respaldado por varios países que reconocen a González.
El monto a ser ejecutado por esta ley asciende a 20 mil millones de bolívares bajo la figura de contratación y de desembolso.
La propuesta se da luego de que el Congreso español aprobó reconocer al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo.
En su audiencia en corte, una jueza de Miami-Dade le impuso una fianza de 15 mil dólares, pero, según datos de la corte, le mantienen una retención por inmigración, precisó Univisión.
El Parlamento señala que todos los sectores primarios económicos, como el alimentario, pesquero, entre otros, podrán verse beneficiados con la ley.
Como el odio oficial no envenenó la mente de los venezolanos a su imagen y semejanza, entonces el psiquiatra decidió legislar. Es así que desde la AN nos propinan un tabanazo estatutario, denominado: Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia (2017).