Desde que el gobierno de Nicolás Maduro decretó el inicio del aislamiento social en un intento por contener la propagación de la Covid-19, que llegó al país el viernes 13 de marzo, se han registrado 23 detenciones por motivos políticos.
El director de Foro Penal, Alfredo Romero, denunció que en apenas tres semanas se añadieron 23 nombres al registro de presos políticos del país.
No conforme con la permanencia de las detenciones arbitrarias aún en un contexto de supuesta preocupación gubernamental ante la crisis del coronavirus, Romero reclama que las violaciones al acceso a la justicia son cada vez más descaradas.
El Covid-19 se ha convertido en una justificación ideal para entorpecer el trabajo en los tribunales, violando protocolos y normativas que perjudican a los detenidos sin presentar explicación alguna.
Romero explicó que incluso trasladarse a tribunales para defender a sus clientes es cada vez más difícil, pues tiene que explicar su función como defensor de algunos detenidos en cada alcabala colocada para controlar la afluencia de personas durante la cuarentena.
“Desde Ayer y hoy estamos en tribunales explicando nuestra función de defensores de algunos detenidos en cada alcabala de cuarentena para así poder llegar a tribunales penales en centro de Caracas”, manifestó en su cuenta de Twitter.
Una vez que los abogados logran llegar a los tribunales, deben esperar en la calle, sin información concreta sobre las audiencias.
La situación de los detenidos es otro problema, pues Romero califica de “mugrientos” los calabozos de los tribunales donde los mantienen en espera, sin ofrecerles alimento.
Puso como ejemplo el caso de un detenido de 64 años que padece un grave cuadro asmático que tenía programada una audiencia este miércoles a las 6:00 pm en el Tribunal primero de Terrorismo. Aunque permitieron entrar a los abogados, acabaron por ser desalojados sin explicación, mientras que los detenidos fueron retirados.
