Leve crecimiento económico en el país pierde impulso al cierre de 2024
12 Dic, 2024 - 9:56 PM
De acuerdo con la información divulgada por el director-presidente de la oenegé, Alfredo Romero, 10 de los excarcelados son de Anzoátegui, 4 de Lara, 4 de Yaracuy, 4 de Carabobo, 2 de Miranda y 1 de La Guaira.
La organización exigió que se garanticen los derechos humanos y la dignidad a las mujeres recluidas, al tiempo que afirmó que el Estado venezolano “debe garantizar justicia”.
Señaló la organización que los beneficiarios enfrentaron “intimidación, hostigamiento de agentes estadales, reteniéndoles por largos períodos, amenazándoles con detención o abriéndoles procesos por documentar los hechos”.
En el histórico de aprehensiones con fines políticos en el país, la organización contabiliza 18.059 arrestos desde 2014.
La opacidad institucional no puede ser más tenebrosa, mientras la burocracia oficial vocifera frente a sus propios micrófonos, sus éxitos en esta materia. Éxitos que difunden en múltiples y oportunos informes, y que el funcionariado entrega a ONU Mujer.
A través de las redes sociales manifestó su solidaridad con madres y familiares de los presos políticos que todavía están a las puertas de los centros penitenciarios esperando que sus seres queridos salgan en libertad.
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, dijo que con este proceso de excarcelaciones, que se han dado en cárceles de los estados Aragua, Miranda, Carabobo, La Guaira y Guárico, se mantienen más de 1.700 personas aún detenidas en el país.
Las excarcelaciones se dan luego de que el fiscal general anunció la revisión de 225 casos de detenidos desde el 29 de julio, tras la muerte de Jesús Martínez Medina, quien estaba bajo custodia del Estado.
“Lo que me dicen es que espere otra semana, sencillamente me marean y me dicen que tengo que estar tranquila, que tengo que entender que él está bien y no es un centro de torturas y ellos están casi como unos reyes, según ellos”, dice Aurora Silva sobre la situación de su esposo, el dirigente de Voluntad Popular Freddy Superlano.
La organización exhortó al Ministerio Público a respetar la presunción de inocencia en los casos de los 69 adolescentes que permanecen detenidos, así como a las 10 personas con discapacidad que fueron recluidas en el contexto poselectoral.
