A la población del estado Bolívar, una enorme extensión de casi un cuarto del territorio del país, le ha tocado vivir, quizás como a ninguna otra región, las situaciones más surrealistas de la dinámica social, económica y política en este proceso decadente de la actual historia venezolana. Son escabrosas y violentas las vidas de los pueblos y ciudades, caracterizadas por las deformaciones de la explotación minera, con secuelas diversas en una economía reducida e inerte en sus potencialidades y, por la naturaleza misma de la labor extractivista, hundida.
Es un modelo económico, hay que recalcar, aupado por todos los medios desde el núcleo jerárquico revolucionario para que, con el volumen de finanzas generado, pueda sobrevivir el socialismo del siglo XXI luego de haber quebrado y arruinado las grandes, medianas y pequeñas empresas. Luego de haber desmantelado el progreso y llevado a sus expresiones más agrestes el funcionamiento de la calidad de vida en los municipios de la extensa Guayana. Todavía, por cierto, en medio de la pandemia por la COVID-19, han tenido el tupé de convocar marchas (de obligada asistencia) para lanzar culpas al capitalismo, mientras los líderes exhiben sus camionetas importadas.
En este contexto llegó un mediodía de abril, con bastante sol y calor (atípico por estos días de climas extraños), el flamante gobernador a decretar la orden del cierre del estado Bolívar como medida de restricción por la cuarentena, ya en curso. Las ciudades, algunas más que otras, fueron sacudidas por el caos, una nueva y acumulada molestia e incertidumbre colectiva; esa especie de maremágnum intempestivo no fue mayor porque la población viene funcionando desde hace unos cuatro años de manera epiléptica por falta de unidades de transporte y escasez de gasolina. El símbolo: kilómetros de filas de personas atravesando a pie los puentes entre Puerto Ordaz y San Félix, y gente atascada en los otros pueblos.
El mandador, desde los gendarmes, ya no disimuló más su catadura primitiva con el pretexto de hacer cumplir las ordenanzas sanitarias. Es el típico castigo de cuartel, tal como ha sido la gestión revolucionaria en su relación con la población durante todos estos años, solo que en Guayana el método de obtener la obediencia, hasta hace poco, había contado con la compra de figuras en los sectores sociales importantes, de modo que se garantizaba la “docilidad”; nunca exenta de sobresaltos por la denuncia, y también de chantajes de los “esquiroles” para asegurar la tranquilidad en el comportamiento social y político.
Agentes del feudalismo
El episodio guayanés, aun dentro de una quietud de voces y de silencios complacientes por intereses temerosos, produjo reacciones que rompieron la inercia. Dirigentes del partido rojo local expresaron su angustia por la decisión unilateral del primer mandatario regional. Fue algo así como los murmullos de los fantasmas porque los alcaldes de Bolívar, que no han existido en esta larga crisis de penurias, tampoco abrieron la boca: ensayaron ventrílocuos con verdaderos tonos bajos pero inconcebibles hasta el presente en la disciplina de la “unión cívico-militar”. Claro, fue un instante y hasta ahí.
Los gremios empresariales fueron más formales con un comunicado, pero condicionados como están con los cálculos de las cúpulas caraqueñas en estrechar sus vínculos con el régimen, y con este usándolos ahora como nuevos mejores “enemigos” (tipo la mesita nacional), no han podido sino señalar la obvia improvisación. Los factores de la oposición asumieron su típica condición de no expresar emoción alguna ante los avatares de la gente; tal vez algún señalamiento como quien le reclama al perezoso conserje de una vecindad, pero extraviados en lo medular nunca apuntaron al pisoteo de los derechos fundamentales, cuestionamiento del arrebato antidemocrático, a reivindicar el imperio de la ley (aunque nominal de la CRBV) y a denunciar con coraje el rugido del animal totalitario con semejantes medidas de jefe de montoneras que humilla a las mayorías. La proclama oficial de “jefe es jefe aunque tenga chochocos”, en la Guayana de 2021, dejó sus letras. Con los días, la orden de cierre de la entidad corrió la arruga (no fue más que eso). Cada autoridad (regional y locales) siguió imponiendo normas, mientras que los guayaneses, con sus faltas, continuaron desde el sentido común haciendo frente al riesgo de los contagios y el acecho de la muerte. No ha pasado más nada.
Ahora, esa población anónima que padeció el episodio en una región que llegó a ser punta de lanza del desarrollo y la modernidad es la convocada a erigirse en propulsora de alternativas novedosas para la justicia, la vida democrática ciudadana y la aplicación del estado de derecho en un conglomerado moderno y de respeto por su destino. Es construir el proyecto de avanzar juntos al futuro en contra del modelo autoritario. Guayana es, pese a todo, modernidad; su vínculo es directo con la era del conocimiento y la libertaria cultura digital, proclive a instaurar, entre múltiples vertientes de protagonismo de sus habitantes, un vigoroso gobierno electrónico que supere a la sargentería. Debemos levantar ese estilo de democracia con la determinación que enfrente tanto a expresiones de la barbarie como a los que desde la cobardía colaboran, callan o disfrutan las migajas.
