El estado Bolívar lideró el número de protestas en el país con 87 reclamos durante el mes de septiembre, según el registro del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). La entienda tuvo en promedio 2,9 reclamos por día y representó el 15% de los reclamos en el país.
En el país se registraron un total de 568 manifestaciones. Detrás de Bolívar, siguieron los estados Lara con 60 y Distrito Capital con 37. “Los principales reclamos siguen siendo sociales y económicos, y guardan relación con el colapso de los servicios de agua potable, electricidad, gas doméstico y la crisis de gasolina”, refleja el informe.
La gasolina cumple más de dos años siendo una pesadilla para los ciudadanos guayaneses quienes deben cumplir largas y desgastantes horas de cola para abastecerse de 20 o 40 litros, una vez al mes. Según el observatorio del total de 68 protestas por gasolina, en Bolívar hubo ocho de estos reclamos. Estuvo por detrás de Lara con 16 y Trujillo por 10.
De las 568 manifestaciones de septiembre, 303 fueron protestas combinadas en las que se reclamó por más de un derecho. La precariedad de los servicios básicos fueron causante al menos 191 reclamos, los que se dividieron en: 102 por agua potable, 55 por electricidad y 34 por gas doméstico.
La imposición del memorando 2792 en 2018 y la destrucción de los contratos colectivos sigue haciendo mella en las condiciones de vida de los trabajadores. En septiembre el OVCS contabilizó 173 protestas por derechos laborales.
“Se mantiene la exigencia de cumplir con el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ‘un salario suficiente’ que les permita una vida digna a los trabajadores venezolanos”, refleja el informe.
Además, el observatorio documento 36 protestas exigiendo vacunación contra el COVID-19. Los estados Aragua y Miranda fueron lugar de cinco protestas cada una, mientras Bolívar y Táchira los siguen con cuatro.
Durante septiembre también se registraron manifestaciones en exigencia de derecho a la justicia con 58 reclamos. Se destaca “la exigencia de la liberación de presos políticos, defensores de derechos humanos y trabajadores del sector público”, los cuales han sido las principales víctimas de la administración de Nicolás Maduro, por denunciar abusos de poder, violación de DD HH y corrupción.