Iniciamos el 2020, un año que para las definiciones de esta Venezuela, habida cuenta del tsunami de la profunda crisis que tenemos, no se presta para mitologías o ensayos. Es una etapa que partiendo de la elección de la directiva de la Asamblea Nacional que debe ratificar a Juan Guaidó como presidente (e.) de la República, en el trámite de continuar apuntalando la ruta del Parlamento como espacio de recuperación de la institucionalidad democrática: escenario que conllevará a ajustes y demostraciones concretas de la estrategia política para esa ruta. Etapa, repetimos, que a la par de la monstruosidad del desmantelamiento de la sociedad venezolana y en la que se prometen, desde la alternativa opositora, baterías de programas asistenciales; continuará teniendo esencialmente las exigencias históricas asociadas al cambio con el protagonismo ciudadano en formas de participación y representatividad.
Al redactar estas líneas aún mantenemos el tempo decembrino, por lo que la reflexión se ubica en interrogantes y nudos sobre el ejercicio cotidiano de la democracia y sus trabas regionales. La tarea del debate local en ideas que proporcionen instrumentos a la resistencia; la comunicación como elemento de organización en la extensión territorial de pequeñas poblaciones, municipios, barriadas y urbanizaciones (específicamente nuestra Guayana). El papel de factores políticos gangrenados por los vicios, imposibilitados de estimular la comprensión de los tiempos regionales y nacionales.
Son elementos para fijar impresiones, más que para situarnos en el rompecabezas estratégico que se iniciará -seguramente- con respuestas de todos los tenores, apenas asuma la presidencia el diputado Juan Guaidó y se instale el resto de la directiva de la Asamblea Nacional.
Parlamento-Estado: propuestas ante tenaza dictatorial
¿Merece ser revisado el texto, aprobado por la AN, el pasado 5 de febrero de 2019? El Estatuto que rige la transición a la democracia para reestablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (…) “Se trata de una iniciativa normativa de la Asamblea Nacional que aspira a preservar la Constitución de 1999 como pacto de convivencia para la vida cívica de los venezolanos y como fundamento de la transición democrática”.
Este instrumento interpretado como un pacto político por las fuerzas de oposición que actúan en el Parlamento venezolano fue mayormente explicado como una estrategia para liquidar la usurpación -que en muchos aspectos lo es- obviando, al no prestar el debido miramiento, la fortaleza conceptual y de definiciones del funcionamiento y espíritu democrático: la acción fundamentada ante el hecho dictatorial.
Significó, su promulgación, el comienzo de la carta parlamentaria como ente de gestión ejecutiva y trinchera cívica de luchas ante el modelo sofisticado de secuestro de la República, el estado de derecho y la pluralidad; modelo forjado por el PSUV y el tutelaje cubano; condición con la que operó la AN, entre altas y bajas durante 2019.
En este escenario deben esperarse novedades. Se trata de afirmar posiciones e innovar senderos de la institucionalidad ante las dificultades para avanzar en el quiebre de las fuerzas que acompañan a la revolución bolivariana con propósitos de legitimar el fraude de una elección presidencial; en el empeño por perpetuarse en el poder con subterfugios e instauración de una oposición a la medida.
¿Pueden esperarse resoluciones que establezcan, por ejemplo, el piso legislativo en instancias que trasladen desde el Parlamento las especificidades de la transición a lo regional, tomando en consideración las diversas vertientes de la crisis, tales como la criminalidad, la ausencia de autoridad, gobiernos locales en quiebra y sin peso, con realidades desbordadas, tal es el caso del estado Bolívar? ¿El decreto de transición democrática incorporará otros elementos en la lucha contra la usurpación y nuevos mecanismos de presión de la sociedad civil que no se representa mayoritariamente en los existentes partidos políticos, ni por supuesto tampoco en las maniobras de laboratorio o en los coros pro-revolución?
Ya estamos en la antesala de cruzar esos puentes; ahora, debe destacarse el aporte de las comunidades, sectores y gremios que buscan la sobrevivencia con tareas propias frente a la cotidianidad destructiva que impone el régimen revolucionario.
En ese sentido, la labor de construcción de esas iniciativas (tarea que ojalá pueda ser recuperada por las organizaciones políticas), en el mayoritario sentimiento colectivo, considerando la nula interpretación de la sociedad venezolana actual por parte de actores gastados y congelados en el pasado, es buscar nuevas expresiones que los partidos no se han atrevido a emprender. Es aquí donde centramos la atención en cuanto a los desarrollos obligados para la sociedad civil regional, cuando hacemos entrada a la transición o la prolongación, más dura y cruel del régimen dictatorial.
Movilización como depositaria del poder
“Confluyen, pues, dos factores que nos remiten directamente a la cuestión democrática: la crisis de la gobernabilidad representativa y el resurgimiento de la sociedad civil. Si asumimos la necesidad de repensar la democracia desde la sociedad civil, un proyecto de democracia ciudadana deberá dar cobertura teórica al conjunto de iniciativas comunitarias, movimientos sociales y demás acciones grupales que, como tales, logren suministrar de nuevos contenidos simbólicos al poder político”, Carlos Kohn Wacher en La democracia ciudadana como proyecto político: una alternativa a la democracia liberal, Cuadernos UCAB 4.
Nos encontramos en una etapa con matices múltiples -casi únicos en Venezuela- de violencia, sufrimiento y vacíos en la Guayana extensa. Los contenidos políticos para las comunidades empobrecidas y desesperadas (el gigantesco San Félix, por ejemplo; municipios distantes como Gran Sabana, Sucre, Cedeño), son una obligación, como lo es la novedad que establezca sólidos vínculos con la esperanza de justicia y cambios.
La contienda electoral -si es que felizmente llegamos a ella, en condiciones de pulcritud mínima- será un aliviadero a la presión social y económica inmediata, pero no traspasará entronizados comportamientos hacia la profundización democrática. En el estancamiento estrictamente electoralista, sin acompañamientos en las luchas sociales y sin impulsos a la representatividad ciudadana, se ubican los partidos políticos del estado Bolívar, inhabilitados para encarnar un proyecto integral, que interprete la visión de futuro.
Miles de cabildos, eventos de discusión e información, han de proponerse. La movilización y la red activa ciudadana son claves para evadir los cercos autoritarios y para la superación del conservadurismo mimetizado, en cuyos diálogos no está presente la opinión de la sociedad. La Asamblea Nacional puede contribuir con la implementación de consultas a nivel de las regiones sobre temáticas trascendentes y prioritarias que no salen de las redes sociales; proporcionando material para los laboratorios del gobierno, el oportunismo y los supuestos radicales.
Innegablemente que la principal interesada en esa movilización es la sociedad que, desde los espacios locales, ha de sacudirse la soberbia y la anti-política, observado en muchas de las organizaciones ciudadanas en ciernes. El 2020 ha de ser para derrotar la dictadura revolucionaria: que los diputados cumplan su papel, que los partidos políticos democráticos se alarguen los pantalones de la representatividad y que la sociedad civil no les deje el mandado a ninguno, por iluminados que parezcan.
Trocitos
Las Flores de Agua Salada-Ciudad Bolívar: El 31 fue de procesión de tobos buscando agua. La bomba de uso normal, dicen allí, se la llevaron a las minas; pusieron una más pequeña y no genera la presión para que llegue a la mayoría de viviendas del sector. Despedida y bienvenida de año.
