La asociación civil Espacio Público denunció la disminución de los medios de comunicación en el país, mientras se evidencia una censura “con expresión geográfica” especialmente en los estados fronterizos, que impide a los ciudadanos acceder a información confiable o expresar sus opiniones sobre asuntos de interés público, so pena de episodios de intimidación, detención u hostigamiento.
Espacio Público presentó este viernes su informe 2023 sobre la situación general del derecho a la libertad de expresión en Venezuela, donde se resalta que si bien el año pasado hubo una disminución de 11% en los casos relacionados a este derecho comparado con 2022, esto no implica la baja en situaciones como detenciones, intimidaciones u hostigamientos a medios de comunicación y sociedad civil en general.
Esto tampoco implica, señaló la asociación, “que se estén implementando políticas para garantizar el derecho a la libertad de expresión en el país, por el contrario, se mantienen las limitaciones estructurales al derecho a buscar, difundir y recibir informaciones”.
Solo en 2023 se registró una disminución total de medios del 7,41%. En el caso de los medios privados, estos experimentaron una contracción del 3,93% mientras que las emisoras radiales se redujeron 38%. Las televisoras también disminuyeron 45% en comparación a 2022.
La mayor concentración de medios se encuentra en Distrito Capital, Miranda, Lara, Barinas y Zulia. En estados fronterizos, especialmente al sur del país, el cierre de los medios ha sido exponencial durante los últimos años, dejando a una parte de la población sin opciones para informarse.
En el año 2023 se registraron unas 28 detenciones a personas que ejercían su derecho a la libertad de expresión, un incremento de 65% con respecto a 2022.
Espacio Público cierre de medios
La asociación civil Espacio Público denunció que durante el primer cuatrimestre de 2024 las violaciones a la libertad de expresión más frecuentes fueron intimidación, censura y hostigamiento judicial.
“Suelen ser una medida en represalia por mensajes difundidos en redes sociales o reclamos antigubernamentales enviados a través de aplicaciones de mensajería instantánea. Dicha situación mantiene la alerta sobre la creciente amenaza a la privacidad ante la intervención de comunicaciones personales”, destacó Espacio Público.
El año pasado también se documentó el cierre de unas 12 emisoras por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en ocho estados del país. En la mayoría de los casos se alegó revisiones administrativas o el vencimiento de la concesión, proceso que niega el organismo desde hace años.
Carlos Correa, director de Espacio Público, destacó el proceso de transformación y cambio de los medios públicos -del cual no pudieron constatar una causa clara-, así como la reducción global del número de medios de comunicación a pesar del aumento de los portales web. Consideró que la crisis económica puede ser uno de los factores de influencia dentro del cierre de medios públicos.
Además calificó como “preocupante” el aumento de la aplicación de leyes restrictivas contra particulares y reporteros, al igual que la intimidación relacionadas a detenciones.
“No tenemos ninguna variación distinta (en contexto electoral) para pensar que va a haber una relación distinta entre reporteros, medios y el Estado. Hay una voluntad del periodista venezolano de continuar informando. Si seguimos documentando estos casos es porque hay gente dispuesta a seguir denunciando”, dijo.
Mayor cierre de medios
Marisabel Rodríguez, socióloga y coordinadora del observatorio social de Espacio Público, también presentó los resultados de la evaluación del primer cuatrimestre de 2024. Entre enero y abril, destacó la asociación, de alguna manera se refleja el patrón histórico de violaciones a la libertad de expresión. En ese periodo se registraron 68 casos, lo que representa un incremento de 22% respecto al cuatrimestre de 2023.
Las violaciones a la libertad de expresión más frecuentes fueron las intimidaciones a la cobertura periodística, censura, lo que incluye el cierre de medios, y hostigamiento judicial.
Durante los primeros cuatro meses del año también se contabilizó el cierre de 13 emisoras radiales en estados del occidente y sur del país (Apure, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Lara, Portuguesa, Trujillo y Zulia) por órdenes de Conatel.
También se registraron al menos 18 detenciones relacionadas al ejercicio de la libertad de expresión e información. Nueve se hicieron por supuestos delitos de odio. Los más afectados fueron particulares (infociudadanos, usuarios de redes sociales y opinadores expertos).
“Hay un ensañamiento específico contra este tipo de personas debido al alcance e impacto que pueden tener, no necesariamente mediático, sino en sus comunidades, con el objetivo de crear un efecto inhibitorio”, señaló Rodríguez, quien también alertó sobre la reiteración de un patrón donde se incrementa la violencia en contexto electoral, con mayor impacto en la seguridad física.
Ley contra el Odio
Saúl Blanco, abogado e integrante del programa de promoción, defensa y acción pública de Espacio Público, destacó durante la presentación del informe que hay una relación entre esa variación de medios y políticas públicas restrictivas: la Ley contra el Odio.
El abogado señaló que esta ley, promulgada en 2017 por la extinta e ilegal asamblea constituyente, es abstracta y genérica, con sanciones desproporcionadas y usada para perseguir y criminalizar.
Esto tiene una “afectación real a la vida en integridad de las personas que quieren agredir. Muchas veces se les imputa de incitación al odio pero no se explica la afectación pública”, destacó el experto de Espacio Público, quien considera que no todos los discursos deberían recaer en las mismas responsabilidades.
“No es lo mismo un discursos que haga apología a violaciones de derechos humanos, que conlleve responsabilidad penal, a responsabilidades políticas y administrativas”, explicó.
Desde su promulgación, Espacio Público contabilizó 162 casos relacionados a la Ley contra el Odio. 72 de ellos se transformaron en hostigamiento judicial, 62 detenciones, 15 episodios de censura, y cuatro amenazas. 90 víctimas fueron identificadas, la mayoría de ellos (32) fueron particulares, seguido de 21 trabajadores públicos, 17 periodistas/reporteros, y ocho ONG o miembros de ellas.
Blanco afirmó que debe exigir al Estado venezolano “frenar la persecución a través de este tipo de leyes”, y que priorice otro tipo de políticas más acordes a los derechos humanos y en materia de protección de grupos vulnerables. También recomendó a la sociedad civil exigir derechos en base a estándares internacionales. “Es importante que podamos profundizar en materias de regulación y prevención en materia de estos grupos vulnerables (mujeres, comunidad Lgbti, migrantes), documentar violaciones de derechos humanos y crear mecanismos para evadir la censura”.
