Dos años han transcurrido y el caso del femicidio de Ángela Aguirre, adolescente de 16 años, continúa sin sentencia. La pandemia por COVID-19 provocó que el año 2020 transcurriese casi sin actividad judicial, lo que retrasó todavía más el proceso.
Familiares de la víctima solicitan al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que garantice el traslado de testigos en Bolívar hacia el tribunal en Caracas, en donde se realiza el proceso judicial, a fin de alcanzar lo más pronto posible la sentencia final.
Aseguran que, con la crisis de combustible y los altos costos del pasaje, no tienen cómo costear el traslado de los testigos por cuenta propia durante la pandemia. “Tenemos testigos muy importantes, pero no tenemos la forma de llevarlos. Pueden cobrarnos de 150 a 200 dólares un solo puesto, y es un gasto imposible de asumir para nosotros”, expresó la madre de la víctima, Yerlis Yaguare.
Dos años sin sentencia
Después de tres días desaparecida, un equipo de búsqueda de 15 lanchas, 33 rescatistas, seis buzos, seis motos de agua, dos drones y un helicóptero encontró el cuerpo de Ángela Aguirre flotando en el balneario El Rey, aguas del río Caroní, el 28 de marzo de 2019.
La joven tenía los brazos atados con guayas y cables, y llevaba puesto su salvavidas. Ese fue el resultado de la fiesta de cumpleaños de José Cedeño, su amigo y ahora imputado y privado de libertad por los cargos de femicidio agravado, abuso sexual agravado, omisión al socorro y suministro de sustancias.
La primera autopsia determinó que Ángela fue estrangulada y violada. Por el delito, aparte de Cedeño, otras seis personas fueron detenidas, y luego privadas de libertad: José Zorrilla, Glauder Zorrilla, Orlando Salazar y Wilmer Díaz, Joselyn Barreto y Dayana Nicieza, imputados como cómplices necesarios en el delito de femicidio y omisión al socorro.
La movilización del caso ha costado protestas, inéditas campañas de difusión en redes sociales, una recusación y demás denuncias. Los imputados están recluidos en los centros penitenciarios El Rodeo II y III (los 5 hombres) y en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) las mujeres.
Desde el comienzo, una red de sobornos dilató el proceso judicial del caso de Ángela, la audiencia de presentación de los detenidos por el delito fue diferida cuatro veces, hasta que finalmente el 13 de abril de 2019, el Tribunal Primero de Control en materia de Violencia contra la Mujer les dictó privativa de libertad.
Luego, en junio de ese año, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia ordenó sustraer del estado Bolívar la causa sobre el femicidio de Ángela, y el caso fue asignado a un Tribunal de Control con Competencia en Violencia contra la Mujer en Caracas. El juicio comenzó en octubre de 2019 en Caracas, donde continúa y donde se presenta una evidencia por sesión.
En 2020 los procesos judiciales estuvieron detenidos casi por completo, y en 2021 los retrasos también se deben, no solo a la alarma sanitaria sino a la escasez de combustible.
“Ahora no tenemos ayuda de ningún organismo para trasladar a los testigos. Si existen medios telemáticos creados para esos casos, entonces que se empleen, que le den utilidad efectiva para garantizar que los testigos puedan dar declaración en juicio”, manifestó Yaguare.
La familia de Ángela y activistas por los derechos humanos continúan exigiendo celeridad en el proceso de juicio, y una pena justa para que el delito no se repita. Antes de la pandemia, la madre de Ángela relata que un grupo de activistas manifestaba fuera del Palacio de Justicia de Caracas para exigir justicia para su hija.
El femicidio de Ángela Aguirre es uno de los más emblemáticos ocurridos en Bolívar durante 2019, año en el que ocurrieron 65 femicidios. La mayoría espera por justicia.
