martes, 14 mayo 2024
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Acceso a la Justicia propone la reinstitucionalización del Poder Judicial como parte del Plan País

La ONG realizó la propuesta como antesala a la presentación del Plan País en la Universidad Católica Andrés Bello.

Con base en las propuestas del Plan País, coordinado por la Asamblea Nacional, Acceso a la Justicia trazó un camino para lograr la reinstitucionalización del Poder Judicial en Venezuela durante la transición democrática.

“Venezuela no se caracteriza por la robustez de su estado de derecho. El Poder Judicial es apenas un apéndice y protector de las decisiones del Ejecutivo nacional”, dijo Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia.

El plan busca reinstitucionalizar al Poder Judicial desde cuatro ámbitos específicos: la independencia, la transparencia, el acceso a la justicia y la gestión judicial.

Daniels fue enfático al señalar que tenemos que construir nuevos acuerdos, pues ninguno ha servido para garantizar la independencia de los poderes.

En este sentido, para que la independencia sea real, Acceso a la Justicia propone abordar el Poder Judicial desde dos niveles: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el resto del Poder Judicial.

Como Observatorio Venezolano de la Justicia, la ONG considera que la independencia del Poder Judicial pasa, fundamentalmente, por la actuación y conducta de los jueces y magistrados, por lo que ha focalizado los esfuerzos en la revisión de sus credenciales y actuaciones.

En relación al TSJ, la propuesta contempla que los magistrados designados por la AN en julio de 2017 que hoy están en el exilio sean considerados principales (ya existe la base legal para ello), y que se revisen las credenciales de los magistrados oficialistas actualmente en sus cargos para ver si cumplen o no con los requisitos exigidos en la ley, de manera de poder cubrir los 19 restantes para alcanzar los 32 totales. Una vez hecho esto, de ser necesario se convocaría a los suplentes electos en 2017 para cubrir las vacantes que queden tras el proceso antes indicado.

Para el resto del Poder Judicial, Acceso a la Justicia propone evitar la cacería de brujas, como se realizó en 1999, en medio del proceso constituyente. En este sentido, la idea es crear una comisión mixta (con apoyo internacional) que permita revisar la situación de los jueces en todo el país, siempre con respeto al debido proceso y sin paralizar el servicio de justicia.

Adicionalmente, la ONG venezolana recomienda la reforma de la Ley del Sistema de Justicia, en la que existe una injerencia abusiva tanto del Poder Ejecutivo como del llamado Poder Comunal en la administración de justicia.

Transparencia

Dado que la opacidad en el Poder Judicial llega a tal punto que no se conoce información básica sobre el mismo, Acceso a la Justicia propone la creación de una comisión que permita conocer toda la información de los jueces en el país, cuántos son y cuántos son provisorios o titulares, actualizar la ficha de los jueces, el personal a su cargo y la dotación de recursos tecnológicos, entre otros aspectos que increíblemente el TSJ no ha querido hacer públicos en su política de desinformación sobre los tribunales.

Acceso a la Justicia

“¿Quién dijo que un abogado no puede sacar foto de un expediente, si ese es un documento público?”, se preguntó Daniels al introducir la necesidad de que el acceso a la justicia esté garantizado en la transición democrática.

La ONG propone que cualquier abogado o ciudadano común pueda fotografiar un expediente, práctica por demás habitual en otros países y que sólo debe limitarse por respeto a las víctimas en casos muy determinados.

En la propuesta de Acceso a la Justicia, la oralidad y los jueces de paz están de vuelta y la justicia que aplica el derecho penal del enemigo está de salida, por ello se contempla restituir la justicia de paz y asignarla a la competencia del municipio.

Gestión judicial

Para que todo esto funcione hay que aceitar el engranaje a través de una eficiente gestión judicial. En esto último es importante que se implemente a corto plazo una política inmediata de desocupación de los calabozos judiciales, se actualice la cuantía de los tribunales de acuerdo a la realidad económica del país y se reactive la utilización de todas las herramientas que ofrece el Juris 2000, entre otras. (Comunicaciones Acceso a la Justicia)