
La ONG señaló que la conformación del Comité de Evaluación de Postulaciones no respetó el artículo 279 de la Constitución o el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano que exigen la participación de la sociedad civil en esta instancia.
La Asamblea Nacional del 2020 en su página web precisa que ocho de las 21 leyes sancionadas el año pasado no han sido publicadas en Gaceta Oficial.
La inamovilidad laboral en los sectores público y privado estará vigente nuevamente por dos años más, de acuerdo a su publicación en Gaceta Oficial.
De acuerdo a Acceso a la Justicia se contabilizan 53 personas multadas tras interponer ante el TSJ recursos de nulidad al instructivo Onapre, documento que trabajadores piden derogar porque desmejora sus condiciones laborales.
El máximo juzgado intervino la organización y designó una junta directiva ad hoc, a la que le ha dado plenos poderes para administrar sus fondos, sancionar a sus integrantes, organizar y convocar las próximas elecciones para escoger a sus autoridades.
La ONG Acceso a la Justicia muestra cómo la demanda del gobernador de Carabobo contra activistas de DD HH es una práctica recurrente del oficialismo para perseguir y silenciar críticas.
Para la ONG Acceso a la Justicia, la designación de los “nuevos” magistrados no significan cambios positivos, pues se mantiene la dependencia del Poder Judicial con el gobierno de Nicolás Maduro.
La ONG indicó que esta reforma pretende “afianzar el proceso de construcción del Estado comunal en el país, lo que le permitirá al Gobierno reforzar el control social que actualmente tiene”.
Para la ONG esto forma parte de un ensayo de justicia transicional que no cumple con estándares internacionales.
La organización cuestionó que durante el acto de apertura de las actividades judiciales 2022, los magistrados copiaron el discurso gubernamental, alabaron a Maduro y a Chávez, y recibieron instrucciones de Maduro, dejando en claro que mantendrá su falta de independencia.