San Miguel, acusada por el Ministerio Público de su supuesto vínculo con una conspiración que incluía un plan de magnicidio contra Nicolás Maduro, fue detenida el 9 de febrero en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.
Las víctimas fatales de este nuevo accidente fueron trasladadas a San Juan de Manapiare.
La red indicó que el Estado venezolano está en la obligación de garantizar el derecho a la salud de los menores de edad.
Andrés Velásquez se hizo merecedor del premio Valores Democráticos, en la categoría de Integridad Democrática, por haber dedicado su vida a la defensa de los derechos de los trabajadores y la democracia.
Las organizaciones criticaron que “hasta la fecha, tanto el memorando de entendimiento que establece las bases de la cooperación técnica al Estado venezolano, como el plan de trabajo conjunto son confidenciales”.
La ONG advierte que los hospitales del país “siguen estando muy lejos de los estándares de calidad de otros sistemas públicos de salud de la región”.
Desde la ONG consideran que las imposiciones a conveniencia del gobierno en el cronograma electoral, como el adelanto de la fecha de la elección, las irregularidades en el proceso de inscripción de candidatos y las múltiples fallas del Registro Electoral impactan negativamente en las garantías electorales fundamentales.
En países de América Latina y en el mundo en general se identifican operaciones de influencia electoral que actúan bajo la desinformación como método para decidir la voluntad de los electores.
Para Alonso Domínguez, director de Un Mundo Sin Mordaza, una eventual aprobación de esta y la Ley contra el odio, significan un “peldaño superior y una escala distinta” en las amenazas contra periodistas y la ciudadanía en general.
Fundaredes sostuvo que el Estado “viola flagrantemente los derechos humanos de Javier Tarazona al someterlo a un proceso judicial plagado de irregularidades y abusos”.