A través de un comunicado, esta coalición hizo énfasis en el ambiente donde trabajan los periodistas venezolanos, lleno de restricciones y regulaciones que impiden su libre ejercicio.
Pinto alertó que quedaba incomunicado “por la brutal represión a que estoy siendo sometido” y agregó que mantendrá su “espíritu de lucha” como preso político.
La ONG también informó que la Fiscalía inició la investigación de 124 casos por solicitud de la CPI, pero consideran que “falta mucho camino y que no hay un comité de Comisión Nacional Contra la Tortura”.
Tres ONG publicaron un informe que devela cómo el sistema de justicia penal en Venezuela ha sido utilizado para perseguir a defensores de derechos humanos y a quienes se perciben como opositores políticos.
Investigaciones elaboradas por la Fundación Azul Ambientalistas determinaron que los peces del lago marabino, ingeridos por los habitantes de la ciudad, tienen microplástico en sus organismos, lo cual representa una amenaza para la salud.
Las organizaciones solicitaron a la Defensoría del Pueblo un verdadero compromiso del Estado para garantizar la salud de, al menos, 1.200 personas que necesitan un trasplante en el país.
El pasado 13 de mayo, la Fundación Gran Familia denunció el desabastecimiento de antirretroviral Acriptega (Tenofovir + Lamivudine + Dolutegravir) en la farmacia del ambulatorio Manoas, ubicada en San Félix, estado Bolívar.
Con la iniciativa “Guayana le dice no al bullying”, la ONG está recorriendo colegios de Ciudad Guayana para concienciar a niños y adolescentes sobre la importancia del respeto y la tolerancia entre compañeros.
El proyecto de ley que discute la Asamblea Nacional busca, entre otras cosas, limitar las funciones de las ONG en el país, además, busca quitarles su autonomía y entregársela al Estado.
