domingo, 14 abril 2024
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Acusado sin pruebas presidente de Fundaredes cumple mil días preso

Fundaredes sostuvo que el Estado “viola flagrantemente los derechos humanos de Javier Tarazona al someterlo a un proceso judicial plagado de irregularidades y abusos”.

La ONG venezolana Fundaredes exigió este jueves la liberación de su director, Javier Tarazona, considerado por diversas organizaciones preso político, quien cumple este jueves mil días detenido.

“Detenido y acusado sin pruebas: Javier Tarazona lleva 1.000 días privado de su libertad por defender los derechos humanos en Venezuela. ¡Defender DD HH no es un delito! ¡Basta de atropellos!”, señaló la organización en un mensaje publicado en la red social X.

Fundaredes sostuvo que el Estado de Venezuela “viola flagrantemente los derechos humanos de Javier Tarazona al someterlo a un proceso judicial plagado de irregularidades y abusos”.

Fundaredes denunció conflicto entre la FANB y FARC

El activista, preso desde julio de 2021, fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC que se desarrolló en una zona fronteriza con Colombia ese año, ante la falta de datos oficiales.

En enero pasado, Tarazona denunció ante un tribunal haber sufrido torturas, de acuerdo al presidente de la ONG Foro Penal, el abogado Alfredo Romero.

“No estamos diciendo que hubo o no tortura, pero la víctima dice que fue torturada y se requiere, obviamente, una investigación”, dijo Romero en una rueda de prensa.

Aseguró que el tribunal, ante la presión de esas denuncias, las ha remitido a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público (MP, Fiscalía), ente al que requirió que se investigara.

Detenido al denunciar persecución

Tarazona, víctima de un retardo procesal, según organizaciones y abogados, fue detenido el 2 de julio de 2021 cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón (noroeste), a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Sebin y sujetos sin identificar, según denunció entonces la ONG.

Posteriormente, lo imputaron por incitación al odio, terrorismo y “traición a la patria”.