La madre del preso político Alberto Bracho, uno de los sentenciados por el “caso de los drones”, confirmó que su hijo fue trasladado a una cárcel en Bolívar, luego de ser sacado junto a Argenis Valera Ruiz y Yolmer Escalona del Centro de Formación del Hombre Nuevo (La Planta) el pasado 29 de marzo.
Bárbara Bracho comentó en sus redes sociales que su hijo “fue trasladado arbitrariamente a la cárcel de El Dorado”, en el estado Bolívar. “Esta arbitrariedad me impide hacerle llegar alimentos ni ningún artículo o medicamento que necesite. No nos dan explicaciones. Temo por la vida y seguridad de mi hijo”, aseveró.
Organizaciones como el Observatorio Venezolano de Prisiones han denunciado que el Centro Penitenciario Región Centro Oriental (El Dorado) “ha sido utilizada como una especie de castigo” para los más de 1.400 detenidos y sus familiares, debido a su lejanía, la falta de acceso a alimentos, agua potable o atención médica adecuada.
Alberto Bracho Rozquez, Argenis Valera Ruiz y Yolmer Escalona Torrealba formaron parte del grupo condenado a 30 años de prisión por la jueza Hennit Carolina López en agosto de 2022, tras ser acusado de varios delitos por el supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en 2018.
Bracho Rozquez fue apresado el 5 de agosto de 2018, días antes del supuesto intento de magnicidio, en una carretera hacia el estado Barinas junto a otras cuatro personas. Estuvo desaparecido durante 45 días. Según testimonio de otros presos, fue golpeado y sometido a torturas.
En el caso de Yolmer Escalona, también fue arrestado el 5 de agosto de ese año en la autopista José Antonio Páez, en el estado Portuguesa, mientras que Argenis Valera fue acusado de ser uno de los pilotos del dron y fue apodado “el ingeniero” por el entonces ministro de Interior y Justicia Néstor Reverol.
Del grupo acusado por el “caso de los drones” solo el exdiputado Juan Requesens -uno de los condenados a pena máxima- obtuvo una medida de casa por cárcel, como parte de negociaciones entre la administración de Maduro y el Gobierno de Estados Unidos.
Familiares de Emirlendris Benítez, Ángela Expósito, Yanín Pernía, José Eloy Rivas, los generales Héctor Hernández Da Costa y Alejandro Pérez Gámez y Oswaldo Castillo han solicitado diversas medidas humanitarias, la mayoría por motivos de salud, para lograr su liberación.
También han denunciado los retrasos en el caso de Wilder Vásquez, un estudiante de comercio internacional, que ya cumplió los cinco años de condena impuestos por la jueza. Desde hace más de cinco meses espera por una boleta de excarcelación que debe ser dictada por el Tribunal 8° de Ejecución, a cargo de Yesenia Azuaje.
