miércoles, 17 abril 2024
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Estado venezolano enfrentará otro juicio en la CIDH por violación de DD HH a activista

La CIDH constató que el defensor estuvo detenido en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde en un régimen de aislamiento, donde no le permitió ser visitado por sus familiares.

De acuerdo con una nota de Suprema Injusticia, iniciativa de Transparencia Venezuela, el organismo adoptó la decisión el pasado 20 de diciembre. Sin embargo, la anunció fue el pasado 2 de febrero, cuando adelantó la acción por “la detención ilegal y arbitraria, y afectaciones a la salud” en perjuicio del activista Carlos Enrique Graffe Henríquez, “así como las vulneraciones a las garantías judiciales y protección judicial en el proceso seguido en su contra”.

Graffe fue detenido en julio de 2017 en Valencia, estado Carabobo, días después de que el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, lo señalara de ser un “terrorista” y de presuntamente orquestar una serie de hechos violentos que ocurrieron en la capital carabobeña.

Entre abril y agosto de 2017 Venezuela se sumió en una nueva ola de protestas antigubernamentales en rechazo a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que en la práctica restaron competencias a la Asamblea Nacional electa en 2015.

Aquellas movilizaciones fueron duramente reprimidas por las autoridades, dejando más de un centenar de fallecidos, miles de heridos y de detenidos, de acuerdo con el recuento del Ministerio Público.

El activista se dio a conocer como uno de los líderes estudiantiles que se opuso a la fallida reforma constitucional que el fallecido Hugo Chávez impulsó en 2007 y luego fundó la asociación Asoesfuerzo, centrada en la defensa de la libre empresa, las libertades económicas y la propiedad privada. Asimismo, estableció la Fundación Futuro Presente y ß para la defensa de la libertad de expresión en el país.

Una larga lista de violaciones

La CIDH señaló al Estado venezolano de incurrir en ocho violaciones en el caso de este activista, entre ellos la vulneración de sus derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la honra y dignidad, a la libertad de expresión, a la protección judicial y a la salud.

El organismo con sede en Washington (Estados Unidos) denunció que la aprehensión de Graffe se produjo sin orden judicial y sin estar en situación de flagrancia.

Además, denunció ante la Corte IDH que el activista fue acusado de instigación a la rebelión y sustracción de bienes militares y sometido a un proceso judicial ante un juzgado militar, algo que está expresamente prohibido en la Constitución de 1999.

La CIDH constató que el defensor estuvo detenido en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde en un régimen de aislamiento, donde no le permitió ser visitado por sus familiares.

Debido a estas condiciones inhumanas que incluyeron la reclusión en un sitio “sin ventilación, luz solar, servicios sanitarios y de higiene adecuados”, la salud del activista se deterioró. Pero no recibió atención médica adecuada.

La CIDH cuestionó la labor de la Defensoría del Pueblo, por cuanto este organismo ignoró las quejas formuladas por los parientes y defensores de Graffe con relación con las condiciones de su encarcelamiento.