Fundaredes sostuvo que el Estado “viola flagrantemente los derechos humanos de Javier Tarazona al someterlo a un proceso judicial plagado de irregularidades y abusos”.
La advertencia surge una semana después de los arrestos de Henry Alviárez y Dignora Hernández, y la emisión de siete órdenes de aprehensión más.
En un comunicado, los congresistas señalaron que “la represión y persecución sistemática contra los venezolanos continúa de forma alarmante”.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó 89 reclamos por derechos civiles y políticos, con miembros de partidos de oposición y universitarios que exigieron, principalmente, la apertura de nuevos puntos de inscripción en el registro de votación, el cronograma electoral y el rechazo a inhabilitaciones políticas.
“Los reclusos aseguran que su lucha es pacífica, por lo que piden la presencia de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Celsa Bautista, un representante del Ministerio Público o defensores de derechos humanos”.
La actividad, organizada por la Federación de Maestros del estado Bolívar, reunió a dirigentes sindicales y laborales y sirvió para ratificar la defensa del salario y mejor calidad de vida para los trabajadores públicos.
La ley establecerá nuevas formas de clasificación de las discapacidades, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas, los objetivos de desarrollo sostenible del milenio y la OMS.
Los bloqueos de sitios web en Venezuela no se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos. Se ordenan de oficio, a discreción de Conatel, con total opacidad y sin una base jurídica clara, señala la organización a propósito del Día mundial contra la censura en internet.
Gabriela Buada considera que aunque la persecución política hacia las mujeres tiene amplios objetivos siempre la intención es silenciar sus voces, deslegitimar y controlar su participación en la vida política, pública y social del país.
Activistas recalcaron la persistencia de las violaciones de derechos humanos que padecen las mujeres, recalcando la ausencia de políticas públicas orientadas a dar respuesta a exigencias como la erradicación de los femicidios.