Jorge León, cónsul general de Perú en Puerto Ordaz, declaró a Correo del Caroní la posición de la institución ante las protestas ocurridas en el país sudamericano tras la detención y destitución del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.
De acuerdo con León, la presidencia interina de Dina Boluarte, quien hasta diciembre fue vicepresidenta del país, y luego asumió el cargo de presidenta y por ello han surgido protestas, es constitucional.
La función de la señora como Presidente de la República responde a un proceso de transición constitucional ya que debió asumir la presidencia luego que el anterior presidente, el señor Pedro Castillo, intentó dar un golpe de Estado disponiendo el cierre del Congreso y solicitando la intervención de la fuerza pública en diversas instituciones democráticas independientes del país como la del propio Congreso, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional”, explicó León.
Este acto originó que el Congreso procediera por amplia mayoría a declarar la vacancia de la presidencia de la república y por ello Boluarte asumió el cargo.
Sobre las manifestaciones que han surgido en apoyo a Castillo, las cuales a la fecha han originado 58 muertes en las últimas ocho semanas según la Defensoría del Pueblo, León opinó que, aunque como todo país democrático Perú reconoce el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión, los manifestantes han incitado actos de violencia.
“Rechazamos que gran número de manifestantes han recurrido a la fuerza física como una manifestación de sus ideas, conceptos y su visión de las cosas. Estos actos obviamente no están permitidos en una sociedad democrática”, comentó.
León agregó que en lugar de proponer un diálogo directo con las autoridades y hacer conocer sus requerimientos, solicitudes y negociar una solución para que se atiendan sus demandas, un grupo de personas ha recurrido a la violencia política como una forma de expresar sus ideas y eso para cualquier sociedad y gobierno democrático no es conveniente ni aceptable.
Como mensaje a los ciudadanos peruanos que viven en el oriente venezolano, el cónsul les pide que mantengan la tranquilidad porque están viendo desde la distancia estos sucesos con preocupación.
“Pedimos que mantengan la calma porque tenemos un país con instituciones democráticas, autónomas que se rigen por normas y leyes nacionales e internacionales y que tenemos la esperanza y la convicción de que justo hoy (2 de febrero) precisamente el Congreso de la República debe aprobar el adelanto elecciones para este año con lo cual se concretaría una solución política a este problema a esta crisis”, finalizó el cónsul.
Adelanto de las elecciones
Este jueves el Congreso debatió sobre un proyecto de ley, presentado por Boluarte, que propone adelantar las elecciones generales previstas para 2026 por la grave crisis política y social que atraviesa el país.
Hasta ahora el proyecto de ley propone reconsiderar un dictamen de minoría para adelantar las votaciones a 2024. En una primera votación se aceptó avanzar los comicios para abril de 2024, pero, como implicaría una reforma constitucional, se necesita una segunda votación en otra legislatura posterior, lo que aún no se ha producido.
El escena aún no concretado de una elección en abril de 2024 no satisfizo a quienes protestan, que han continuado con sus movilizaciones.
El presidente del Congreso, José Williams, informó que este jueves se reanudarán las sesiones y se examinarán las propuestas que hayan sido presentadas.
La peor crisis política en las últimas dos décadas
Estas protestas pasado y los posteriores enfrentamientos con las fuerzas de seguridad constituyen la peor violencia política que ha vivido Perú en más de dos décadas y han visibilizado las profundas divisiones que existen en el país entre la élite urbana, concentrada en gran medida en Lima, y las zonas rurales pobres, donde los ciudadanos se han sentido a menudo relegados.
En estados al sur de Perú los protestantes han trancado calles, avenidas y carreteras nacionales. También han ocurrido ataques a sedes públicas del gobierno e intento de tomas de aeropuertos.
Hace dos semanas, el 19 de enero, los manifestantes organizaron unas protestas denominadas “la toma de Lima” para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria inmediata de comicios para renovar el Ejecutivo y el Congreso.
El gobierno no ha reprimido los reclamos pero le pide a los manifestantes que sean pacíficas. “Sabemos que quieren tomar Lima”, dijo la presidenta Dina Boluarte en ese entonces. “Los convoco a tomar Lima, sí, pero en paz” y agregó que los “esperaría en la Casa de Gobierno para poder hablar de sus agendas sociales”.
