
Borges Sifontes, de 16 años de edad, y que recibió dos disparos en el altercado, estaba recluido desde hace cuatro meses en el Hospital Militar en Caracas.
Olnar Ortiz confirmó que el integrante de la Guardia Territorial Indígena del pueblo Uwottüja en la región de Sipapo, asesinado el 30 de junio en Puerto Ayacucho, había denunciado tiempo atrás “la presencia de grupos armados en la zona”.
El pasado 30 de junio Cenoya Silva logró, luego de varias horas de espera, ver a su hijo. Dijo en su lengua autóctona que no entendía por qué no lo dejaban ver.
El adolescente de 16 años sobreviviente del conflicto con militares en Parima B y su hermano siguen recluidos en contra de su voluntad en un hospital de Caracas toda vez que los asesinatos permanecen impunes.
Olnar Ortiz, vocero del Foro Penal, asegura que Gabriel Silva y Jorge Sifontes están “detenidos arbitrariamente” y no se les permite salir del centro médico ni recibir visitas de sus familiares.
Desde hace más de un mes, el adolescente indígena herido tras ataque de militares en Amazonas y su hermano están recluidos en un hospital militar donde no les permiten salir de la habitación ni recibir visitas.
El Estado intenta ocultar lo ocurrido. Olnar Ortiz, coordinador nacional de pueblos indígenas de Foro Penal, denunció los asesinatos en Parima B ante el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas.
El organismo denuncia la “desaparición forzada” de los dos indígenas yanomamis, testigos de la masacre de Parima B, e insta al gobierno a dar a conocer su paradero.
Organizaciones indígenas piden declarar la Amazonía venezolana en emergencia, expulsar a los garimpeiros, a todos los grupos armados, incluyendo los militares y eliminar la base aérea de Parima B.
Esto ocurre tres días después de que el Ministerio de Pueblos Indígenas intentara sacar a los testigos del hospital de Puerto Ayacucho y acordara no hacerlo por medida de protección del Ministerio Público.