Avanza la presión y apremio del régimen gamberro contra Manuel Rosales Guerrero, gobernador del estado Zulia y supuesto candidato “de consenso” (¿?) en reemplazo de la inhabilitada, arbitrariamente, María Corina Machado. La operación tiene contornos tan definidos, burdos, tan enojosos, que sorprende que haya pasado por inadvertida para un considerable número de observadores.
Comprensible, hasta cierto límite, que el zamarro gobernador para sobrevivir como dirigente haya llegado a ciertos pactos de no agresión con el presidente paria: expresos o tácitos, confesables o menos confesables, de sangre o para ser deshonrados a la vuelta de la esquina. La política es así. Compite con la prostitución. En lo de cuál de las dos es el oficio más viejo de la humanidad no se piense mal.
Cursa ante una de las salas del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, (expediente 2015-0872) demanda de nulidad intentada por Rosales contra su inhabilitación política -no menos inconstitucional que la existente contra María Corina- decretada por la Contraloría General de la República el 8 de agosto de 2014. A partir del 13 de agosto de 2015, fecha de proposición de tal petición judicial, Rosales, ni sus abogados, jamás, volvieron a diligenciar en el respectivo expediente. Hay quienes opinan que cuando el hoy gobernador lo intentó tal amparo preventivo estaba prescrito por haberse interpuesto, después de los seis meses reglamentarios (artículo 6 ordinal 4º de la entonces vigente Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales).
En cualquier caso. ¿Qué mosca picó a una instancia judicial tan mezquina con los derechos de los opositores, para suspender de manera generosa -al contrario de lo ocurrido en el caso de Machado- la mencionada inhabilitación pese a su posible prescripción?
Años después, en específico a mediados de 2021, Rosales se postuló por enésima vez como gobernador de Zulia. Entonces ya habían transcurrido otros seis años desde la presentación de su demanda por lo que la prolongada paralización de tal causa pudo generar lo que se denomina perención de esa instancia. Extraño o inusual, por decir lo menos, que ni la propia Contraloría, inhabilitadora y supuesta transgresora de los derechos de Rosales; ni el CNE, ni el procurador general de la República tan céleres, para violar las garantías de los opositores hayan hecho mutis, en lo que a la citada candidatura a la Gobernación del estado Zulia se refiere.
¿Qué de nuevo ha cambiado, en los últimos meses, para que a las instancias judiciales les haya dado por escudriñar la pretendida inhabilitación de Rosales?
Consta del referido expediente 2015-7803, que el 27 de junio de 2023 una de las salas de sustanciación del TSJ, motu proprio o sin que nadie se lo haya pedido, interrumpió el letargo de casi una década de la mencionada causa, remitiéndola a la Sala Político Administrativa del TSJ a objeto que esta última evaluase los efectos del transcurso del tiempo en tal proceso y a partir de “dicha circunstancia determine lo que sea conducente”; consta, igualmente, que el 19 de octubre de 2023 se registró un nuevo “acto de sustanciación” en el referido caso; que el 5 de diciembre de 2023 se ordenó designar nuevo ponente para que proceda a dictar sentencia y que en la actualidad, el expediente se encuentre custodiado a cal y canto, y por ende vedado al público.
Nunca es tarde cuando la dicha es buena -o la desdicha es mala. Dentro de la dinámica de los ataques contra los opositores, los posibles decaimientos de la mencionada causa judicial, bien pudieron haberse estudiado a lo largo de los pasados nueve años. ¿Por qué se proponen hacerlo contra Rosales en plena campaña electoral?
Si este último, ahora y de acuerdo con la justicia (¿?) revolucionaria está impedido para ser candidato a la Presidencia, de consenso o no consenso, también sería inhábil para seguir como gobernador del estado Zulia, lo que aparejaría su inmediata separación de tal cargo.
Es cuestión de semanas o días para que el TSJ decida al respecto.
Hasta el momento de terminar la presente crónica, 8:47 am del jueves 21 de marzo, Rosales todavía no se ha expresado contra las detenciones arbitrarias de los integrantes del comando de campaña de María Corina Machado. Pero estamos seguros que Rosales no se dejará intimidar, que hará lo que debe y no hará lo que no debe. ¡Rondón no ha peleado! ¡Vamos Manuel!
¿O más bien me estoy volviendo viejo pendejo?
