La pandemia, aterradora en su comportamiento y consecuencias, para los guayaneses parece “haberse superado”. Marcha con más inercia de la que siempre ha tenido y con más desparpajo del que siempre el régimen revolucionario ha hecho gala; aun con las oleadas que afectaron mortalmente a numerosos seres queridos que nunca aparecieron en las estadísticas. El foco de la atención pública se mudó a la sangrienta invasión rusa del valiente pueblo ucraniano, con la perspectiva sombría de la tercera guerra mundial y el uso de la energía atómica.
Sin embargo, nuestro papel desde el país y desde las regiones se torna lejano a los acontecimientos de Europa. Mientras el estado vegetativo de la revolución bolivariana boquea su sobrevivencia agarrándose de los recursos de un poder institucional (infinito en la discreción de su operatividad), para que incluso los riesgos que hoy tiene la humanidad no sean de incidencia en la atención colectiva, padecemos nosotros la cotidianidad de la destrucción de los pilares de funcionamiento de la sociedad venezolana (servicios públicos, carreteras, escuelas, universidades, red hospitalaria y economía).
Un aspecto del panorama venezolano es la cosecha permanente de debates inútiles, divorciados de la reflexión sobre el secuestro de los organismos y poderes públicos y de la extensión de los tentáculos de la tiranía, en flagrante usurpación democrática, que a medida que corren los meses y los años va estableciendo la monarquía revolucionaria inamovible; los peldaños del Estado comunal socialista, que todavía algunos pretenden engañarse en cuanto a su implementación.
Como parte de la crisis que se enrosca a la piel de todos los rincones de la nación, otra dimensión subyacente son los cargos de representación popular, salidos de elecciones cuestionadas pero impuestas a fuerza de violar las leyes y la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela. Esos espacios que no proporcionan canales para atacar los problemas sociales, que son cuantiosos, pero la revolución necesita para intentar legitimar sus cálculos de permanencia en el poder (crearon 100 diputados más en una Asamblea Nacional espuria, designada el 2020). El asunto es qué pueden hacer los ciudadanos con ese limbo institucional y una actuación que solo puede tener las competencias que le otorga el régimen. He aquí una pregunta que merece ser contestada con rigor en aras de entender mejor por qué la gestión de supuesta alternativa en esas instancias de “patas cortas” regionales no tiene otro camino que revindicar la libertad y la democracia como prioridad de la agenda política, al igual que ponderar muy bien la “representatividad” vacía para la defensa de las comunidades.
Acción y movimiento
La realidad dura impone un letargo económico, institucional, y por supuesto social. Las acciones políticas enfocadas a salir del Estado vegetativo, secuestrado por el modelo totalitario carecen de impulso por desgaste en los intentos hechos y porque con propuestas apegadas a un orden constitucional inexistente es difícil observar posibilidades efectivas de lograrlo. La parálisis general se explica por cuanto las maromas que se dicen medidas oficiales (los nuevos impuestos o las tan publicitadas detenciones locales de funcionarios públicos rojos vinculados al tráfico de combustible) tropiezan con las estructuras de control cívico-militar que el modelo revolucionario ha establecido y que impiden impulsar el desarrollo productivo anhelado.
En Guayana, el surtido de gasolina continúa siendo un muro infranqueable de atiborrados intereses que de obtener las cuotas gubernamentales señaladas en los reportes del ZODI, tan solo moverán esa economía de crisis que se vienen dando empresarios y la propia sociedad civil para sobrevivir. No se trata de medidas profundas que rescaten preceptos económicos constitucionales; son solo esos pequeños nichos que permiten un comercio con visos de sálvese quien pueda.
Los guayaneses deben, según esa visión revolucionaria, olvidarse de redefiniciones al modelo industrial quebrado; deben intentar “descubrir” la fórmula de progreso, basada en el extractivismo minero, devastador y sin retorno. Quienes se propongan desarrollar empresas deben bailar pegados con los mecanismos de facto que maneja el poder revolucionario. Ese es el horizonte del bienestar en la inercia monárquica que se proyecta.
Los movimientos populares de resistencia democrática, de defensa de la República y de la libertad -que ahora no existen como tales en Guayana-, han de construirse con miras a trascender los pintorescos procesos electorales, profundamente penetrados por el régimen, convertidos, además, en la única instancia donde los “políticos opositores” hacen su aparición, cual número circense, desarrollando una acción de activismo hacia las negociaciones con la revolución de cuotas de poder y beneficios de parcelas. De allí la importancia del discurso que interprete el sentimiento de agotamiento de la gente ante la miseria inducida. Que ofrezca vías de luchas exitosas para los escenarios futuros que se encuentran en el estado Bolívar, en los que la gobernanza es exigencia calificada; pero igual proponga alternativas para el escenario, todavía con más posibilidad de una región sometida al dominio del Estado totalitario.
El mensaje libertario es urgente, como lo es convencerse de que hay que potenciar nuevos y diversos mecanismos de organización que pueden incluir, sin que sea un exabrupto decirlo, hasta la construcción de refugios atómicos.
