Dos trabajadores del Complejo Siderúrgico de Guayana (Comsigua) escribieron a través del número para denuncias de Correo del Caroní, para mostrar su descontento debido a que los directivos de la empresa no han cumplido con el aumento salarial decretado por el Ejecutivo en el mes de abril.
“Estamos siendo amenazados. No hemos recibido ningún beneficio que corresponda al aumento salarial. No se respeta el tabulador salarial. Cuando nos acercamos a la presidencia para preguntar, nos dicen que es la CVG (Corporación Venezolana de Guayana) la que está pagando eso”.
Obreros de Comsigua explicaron que antes del aumento estaban ganando 250 bolívares como salario, además recibían un bono de 250 y el ticket de alimentación valorado en 3 bolívares, es decir, ganaban un sueldo de 503 bolívares lo que equivaldría -aproximadamente- a 100$ al cambio, mientras que la canasta básica alimentaria para febrero de 2022, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, está valorada en 365$.
Los denunciantes pidieron anonimato debido a que, tras siete días de protesta, la administración de Pablo Druetta -presidente de la estatal- les amenazó con despedirlos si se mantenían inoperativos y les advirtió que no fueran a la prensa y se mantuvieran callados
“En vista de que no se ha hecho efectivo ningún aumento, le explicamos esto al presidente, él nos dijo que entonces ese bono ya no era un bono, sino que nos lo pasaban a salario. Entonces no me están aumentando nada”.
– ¿Cuáles son las exigencias que hacen?
– Que el presidente nos diga qué fue lo que nos aumentaron. El presidente asegura que no puede decirnos eso. No tenemos derecho a reclamo y por eso nos sentimos agredidos. Pedimos la destitución del presidente de la empresa, Pedro Druetta. Ellos son los que nos tienen así. Nos dijeron que no podemos ir a la prensa o nos desactivan. ¿Por qué nos van a desactivar? Ese es un derecho que nosotros tenemos. Le dijimos al presidente todos los puntos y lo que hizo fue echarle la culpa a la CVG.
Violación de los contratos colectivos
Tras ser cuestionados sobre qué mejoras desean obtener, trabajadores aseguran que principalmente la entrada en vigencia del nuevo salario; no obstante, no es la única vulneración a sus beneficios: “Exigimos la bonificación de producción. El contrato colectivo establece dos dotaciones de uniformes al año y eso no lo hemos recibido. Eso incluía seis camisas, seis pantalones, botas, toallas… Eso no lo recibimos desde 2018”.
“Están incumpliendo con todos los beneficios. No dan mascarillas diarias. No hay ropa suficiente para los trabajadores”, denunciaron.
El secuestro de los contratos colectivos data del 2018, cuando el Ministerio del Trabajo promulgó el memorándum 2792. Este documento erradicó la figura de los contratos colectivos, justificado en un aumento salarial “integral” al cual no se aplica ningún tabulador. Asimismo establece la necesidad de erradicar las “diferencias” entre grupos de trabajadores haciéndoles ganar lo mismo. Por último, dice que para procurar la fuente de trabajo, es necesario “llevar a revisión” aquellos beneficios establecidos en los contratos colectivos que la empresa considerara “onerosos”.
El decreto 2792 establece en su segundo lineamiento que: “En el supuesto de aquellas convenciones colectivas de trabajo que hubieran sido suscritas con anterioridad al Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica y se haya pactado como inicio de la escala o tabulador un valor porcentual por encima del salario mínimo nacional o un factor multiplicador de este, deberá someterse a revisión”.
Debido a la violación en materia de derecho laboral, la Organización Internacional del Trabajo estableció una comisión de encuesta, máxima instancia investigativa de la institución, en Venezuela durante el 2018 para investigar las denunciadas de los sindicatos hechas en 2015. El informe de la OIT confirmó la violación a los artículos 26, 87 y 144 de sus estatutos referentes a salarios dignos, autonomía sindical y diálogo tripartito entre Estado, empleadores y obreros.
Los denunciantes pidieron anonimato debido a que, tras siete días de protesta, la administración de Pablo Druetta -presidente de la estatal- les amenazó con despedirlos si se mantenían inoperativos y les advirtió que no fueran a la prensa y se mantuvieran callados.
Sitracomsigua: dirigentes sindicales bloqueados
Los trabajadores entrevistados aseguraron que Félix Yépez, trabajador de Comsigua, estaría “usurpando” la dirigencia sindical de la organización, ya que no presta sus servicios a la lucha por los derechos de los trabajadores. A su vez, uno de los obreros afirmó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no autorizó a este sindicato.
No obstante, el Sindicato de Trabajadores del Complejo Siderúrgico de Guayana (Sitracomsigua), sí es una organización sindical registrada y autorizada por el Estado. Félix Yépez ganó las elecciones como secretario general de Sitracomsigua en 2017, pese a la suspensión de sufragios de la compañía en 2009.
Yépez y su administración tienen las fichas de entrada a la empresa desactivadas desde 2018, en consecuencia, no tienen permitido el acceso a la briquetera desde hace 5 años. Esto viola la Lottt que establece que los sindicatos no pueden ser disueltos por la administración de las empresas.
Asimismo, los denunciantes manifestaron su preocupación por la pérdida de la seguridad social y el HCM, la falta de cumplimiento con la normativa colectiva y la vulneración del monto correspondiente a los estipendios públicos.
Comsigua fue una empresa privada hasta el 2009 cuando, por orden de Hugo Chávez, las compañías briqueteras fueron expropiadas a través del decreto presidencial número 6.796, en el marco de un proyecto que buscaba poner en manos del Estado los sectores “estratégicos”, entre ellos, el hierro. A raíz de esta situación, la empresa pasó a estar bajo la administración de la CVG.
El derecho a huelga está contemplado en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt). El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dictamina que el derecho a huelga es “un derecho legítimo al que pueden recurrir los trabajadores y sus organizaciones en defensa de sus intereses económicos y sociales, constituye un corolario indisociable del derecho de sindicación”. El derecho a la libertad sindical está establecido en el convenio 87 de la OIT.
