El ministro de Industrias, Jorge Arreaza, prometió mediar entre trabajadores y la trasnacional chilena Masisa, luego de que un grupo de empleados dentro del complejo industrial Macapaima se organizara durante la visita que realizó a la planta, y expusieran los problemas de bajos salarios, desatención de actas convenio y amedrentamiento laboral.
“La empresa ha violentado los contratos colectivos, la salud para los trabajadores”, expresó Luis Pereira, junto a un grupo de obreros.
Ante las quejas de los trabajadores, el ministro se comprometió, junto a su equipo, a buscar un árbitro para las mesas de diálogo y mediar entre la compañía y los trabajadores. “Nos comprometimos a apoyarlos en la defensa de sus derechos”, publicó Arreaza en tuit.
El trabajador Pereira declaró este viernes a Correo del Caroní que desde 2017 no firman contrato, y que desde 2018 la empresa no cumple con las actas convenio por lo que quedaron cobrando apenas 15 dólares de salario, más $80 en bonos, los cuales -aseguran- pierden si se atreven a reclamar.
“Si levantas la voz te cerceno el bono, si hablas te quito el 25%, si te manifiestas, si te expresas, luchas por tus derechos, te quito el bono”, cuestionó. “Somos una clase trabajadora que esta desasistida, que está siendo pisoteada”.
Desde 2014, trabajadores de las industrias de Guayana han sufrido la imposición de contratos, amedrentamiento, detenciones, enjuiciamientos y la pérdida de sus beneficios por las políticas del gobierno. Pese a las solicitudes de instalar mesas de discusión, mejoras económicas y de condiciones de trabajo, sus reclamos no han sido atendidos.
En el caso más reciente, el Sindicato de Trabajadores Cementeros (Sintracemex) en Guayana solicitó una mesa de diálogo para discutir cinco cláusulas económicas con la Corporación Socialista del Cemento, pero recibieron información de que las autoridades de la empresa se reunirían con representantes de la Unión Bolivariana de Trabajadores, sindicato paralelo y adepto al gobierno.
Pereira confía en que, en el caso de la empresa maderera sí puedan iniciar las mesas de diálogo y lograr una mejora económica para los trabajadores. “Voy a tener la convicción de que el ministro va a cumplir su palabra, debería y esperamos que sea así”, declaró.
CPT y soluciones
Los trabajadores de Masisa no cuentan con un sindicato que los defienda. Luego de que este perdiera su vigencia y pasara por procesos en tribunales, parte de sus representantes han renunciado, mientras otros se mantienen fuera del país.
El ministro Arreaza aprovechó la visita para instar a los trabajadores a formar los consejos productivos de trabajadores (CPT), organización creada por la extinta Asamblea Nacional Constituyente supuestamente con la finalidad de “conocer, evaluar y fiscalizar los procesos de producción”, pero que ha sido utilizada por el gobierno para desconocer a los sindicatos legítimos y destruir los beneficios laborales sin ningún impedimento.
Carlos Sánchez, trabajador que participó en la discusión con el ministro, dijo que ellos no están interesados en la formación de estos CPT, pero sí en que se respeten los derechos laborales, se logren mejoras económicas y cese del amedrentamiento. “La prioridad es que se haga valer nuestros derechos y que la empresa se siente con nosotros”, expresó.
Aunque está consciente de la precaria situación laboral dentro de las industrias del sector público, y la pérdida de los beneficios laborales luego de años de amedrentamiento, afirmó: “Arreaza está en la obligación de darnos respuestas a nosotros”.
Sánchez se mostró abierto a conseguir soluciones a partir de la mesa y la mediación del Estado, e indicó que Masisa puede ser un punto de referencia para que el gobierno se reivindique en las graves deficiencias que tiene en cuanto a las relaciones laborales.
“Nosotros le planteamos que simplemente queremos solucionar los problemas que tenemos como trabajadores y la empresa (…) queremos producir, esto genera mayor ingreso a la empresa y beneficio para los trabajadores”, señaló José Soto.
Asimismo sostuvo que debe haber un representante del Estado por la diferencia de poder con la compañía y las medidas que se podrían tomar contra los denunciantes. Hasta los momentos desconocen cuándo se podrían instalar dichas mesas.
