Cámara de Comercio Electrónico reportó crecimiento de 20% en el primer trimestre del año
13 May, 2024 - 11:38 PM
El abogado que lleva el proceso de reclamo declaró que la empresa mantiene una conducta discriminatoria hacia los trabajadores y, además, que violentó la progresividad de los derechos laborales al reducir sus salarios.
Es el tercer documento de exigencias que los obreros del holding introducen este año en diferentes organismos del Estado con la finalidad de que se les restituyan diferentes beneficios laborales.
El pago oportuno de prestaciones sociales, el cumplimiento del cobro completo de utilidades y la entrega de los recibos de pago son algunas de las peticiones de los obreros de las empresas básicas.
Franklin Rondón, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, justifica la decisión del Tribunal Supremo de Justicia y alegó que los trabajadores debían primero haber hablado primero con el ministerio rector.
Según las declaraciones de los trabajadores, la directiva se habría comprometido a reincorporar la primera quincena de junio a 800 de los 4 mil trabajadores que están bajo esta figura que, no existe en la legislación venezolana.
La especialista califica como irregular lo que estaría ocurriendo en las empresas de Guayana, acerca de la negativa de las factorías de permitir el disfrute de vacaciones y la no entrega de las prestaciones sociales a los trabajadores.
Trabajadores señalan que 3 de los 16 sidoristas bajo amenaza de despido permanecen desactivados, pese al compromiso de la directiva de reincorporarlos a sus puestos si dejaban de protestar.
El levantamiento de los lapsos sindicales permitirá que la clase trabajadora reelija a sus representantes, no obstante, al menos 60% de los obreros están desactivados desde la pandemia.
Aunque el CNE anunció hace semanas que levantó la suspensión de los procesos electorales en los sindicatos y gremios del país, el ente rector afirma que aún no ha recibido solicitud de sindicatos para apoyarlos en procesos de elecciones.
Los 10 instrumentos legales propuestos por el Parlamento administrado por el chavismo no toman en cuenta las exigencias de los trabajadores, que durante años han protestado bajo las consignas de una mayor libertad sindical y mejoras salariales.
