Los trabajadores de la empresa naviera ABCL; Johanna Redondo, Anny García, Iván Aguilera y Humberto Berroterán, denunciaron a Correo del Caroní que la compañía los despidió injustificadamente durante el año 2019 alegando cierre técnico, el cual nunca se ejecutó a través de la Inspectoría del Trabajo.
Según las declaraciones de los empleados y su asesor legal, abogado Félix Márquez, la empresa despidió a los obreros bajo la excusa de un cierre técnico falso, posteriormente les ofreció una liquidación ya que la organización estaba presuntamente quebrada. No obstante, ACBL continuó trabajando y, además, los denunciantes aseveran que han continuado contratando personal tras su despido.
“La empresa nos dijo que estaba en quiebra y que tomáramos la liquidación que nos ofrecían. Además, que si queríamos, podíamos ir a la Inspectoría del Trabajo, pero que allí ellos iban a sacar provecho de los recursos para que pasáramos años esperando hasta que nos cansáramos. Al final, íbamos a tener que agarrar la misma cantidad de dinero y devaluado. Nos recomendaron que agarráramos eso y nos pusiéramos a vender yogurt o helados”, explicó Johana Redondo, quien tiene una trayectoria de 17 años en la compañía.
El grupo explicó que bajo la excusa del “cierre técnico” se sacó a varios trabajadores, quienes aceptaron la liquidación por la necesidad económica que trajo la pandemia; no obstante, ellos decidieron acudir a la Inspectoría de Trabajo para solicitar su reenganche y permanecer en sus puestos.
“Nos sacaron por un supuesto cierre. De eso habló la empresa y el sindicato. Cuando empezamos el proceso en la inspectoría nos enteramos que nunca se inició un proceso de cierre técnico, que eso fue falso. En la inspectoría, ellos usaron otro nombre alternativo, no es cierre técnico, sino un convenio laboral, el cual desconocemos porque nosotros no firmamos nada”, enfatizó Anny García, afectada por el despido de la empresa en la que laboró desde el año 2005.
La medida de reenganche les fue otorgada, ya que la Inspectoría del Trabajo reveló que la naviera nunca había iniciado el procedimiento para declararse en cierre técnico. No obstante, la compañía, en palabras del abogado de los denunciantes, ha efectuado una simulación de reenganche, ya que les pidió a los trabajadores permanecer en sus casas percibiendo salario mínimo (130 bolívares), un monto muy por debajo de lo que recibían cuando asistían a la planta.
“Ellos introdujeron un reenganche. Este se da porque se ve que la empresa, conjuntamente con el sindicato, decidió enviar a un grupo de trabajadores a sus casas bajo esta figura, es decir, por condiciones económicas. Entonces, resulta que a ellos los sacan, pero luego reincorporaron a otra parte del personal y a ellos los dejaron fuera. Hay una discriminación por parte de la empresa. Los despidieron sin autorización, eso fue unilateralmente por parte de ACBL. Lo cual no es legal, eso debe tener un permiso”, explicó Márquez, abogado laboral encargado de la causa de los denunciantes.
Asimismo, el jurista denunció que “el reenganche fue admitido y ordenado. ¿Qué hizo la empresa? Inició un procedimiento de pruebas y supuestamente lo efectuó. Ellos dicen que los reengancharon, pero los dejaron en sus casas. Hay una simulación y la ley establece la realidad sobre la apariencia. La ley establece que el reenganche debe hacerse con sus mismas condiciones y salarios, les pusieron un salario que no les corresponde y los dejaron en sus casas”, alegó Márquez.
En este orden de ideas, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt), manifiesta en su artículo 539 que “el patrono que de manera ilegal e injustificada cierre la fuente de trabajo, será sancionada o sancionado con la pena de arresto de seis a quince meses”. En el caso de ACBL, los trabajadores adujeron que el cierre bajo el cual los despidieron no fue justificado y, además, nunca se efectuó.
Asimismo hay que destacar que en Venezuela existe la inamovilidad laboral, por tanto, es ilegal despedir a trabajadores a menos que existan causas justificadas, las cuales están estipuladas en la Lottt.
Incorporación de personal nuevo
Los denunciantes manifiestan estar batallando con la situación desde 2019, ya que el proceso es burocrático y se han presentado muchos retrasos. Alegan que mientras ellos están intentado recuperar sus puestos laborales, la empresa “simultáneamente ingresó personal nuevo a nómina e incluso contrataron temporales. Renovaron la nómina ocupando los puestos que según estaban sacando por no poder sostener. Estos pasaron a ganar mejores salarios que los despedidos”.
Asimismo enfatizaron que sus cargos tienen una retribución mayor que el salario mínimo que están percibiendo y, a su vez, fueron despojados de todos los beneficios laborales como el bono de alimentación.
“El procedimiento de reenganche debería ser inmediato y llevamos dos años en este viacrucis. Para hacer la primera notificación a la empresa nos tocó esperar meses y cuando fuimos no acataron el reenganche porque la empresa solicitó irse a pruebas. Lo cual nunca entendimos cómo se admitió siendo que no hubo causal de despido y lo del cierre técnico tampoco fue, es decir: qué se pretendía probar”, alegó una de las trabajadoras.
En este sentido, los obreros rechazaron la simulación de reenganche y explicaron que este nunca se cumplió. Además manifestaron que solicitaron una constatación de los puestos de trabajo a la inspectoría, la cual tiene fecha para el 27 de octubre.
“No pueden dejarnos en casa. Nosotros debemos estar en nuestro puesto de trabajo. Mi puesto de trabajo en particular fue ocupado después de que salió el reenganche forzoso. Contrataron por tiempo indeterminado a una muchacha que actualmente está en mi cargo”, esgrimió Anny García, víctima del despido quien también declaró que el reenganche, según la empresa, fue acatado “bajo sus términos”.
“Estamos percibiendo salario mínimo, cuando es demostrable que ni mi cargo ni ningún cargo en ACBL gana salario mínimo. Antes de salir de la empresa mi salario equivalía a 10 salarios mínimos, luego de la reconversión no nos aplicaron los aumentos ni siquiera los presidenciales han sido acatados por la empresa hacia nosotros. El resto de los trabajadores sí reciben aumentos, prestaciones y bono de alimentación”, explicó García.
Sindicato y contratación colectiva vencidos
Según las declaraciones, el Sindicato Único Asociado Regional de Trabajadores de ACBL Venezuela no estaría cumpliendo con su labor de defender los derechos de los obreros, por el contrario, los trabajadores denunciaron que la organización se ha confabulado con la empresa.
El asesor legal de los afectados acotó que “el sindicato ha suscrito actas donde marginan a los trabajadores que se encuentren fuera de la empresa o en otra condición para que no reciben tal bono o algún aumento. Esto es ilegal. Hay una discriminación flagrante por parte de la empresa. Cuando el sindicato suscribe el acuerdo, el Ministerio del Trabajo solo es un ente regulador”.
Asimismo aseguran que la representación sindical ha venido firmando acuerdos económicos basados en la contratación colectiva, la cual se encuentra vencida desde hace varios años, estableciendo acuerdos y beneficios de los cuales no se benefician.
“El sindicato firmó un contrato de suspensión del contrato colectivo por un año, dejando a los trabajadores sin ese derecho. Eso es un derecho público que le corresponde a los trabajadores que firmaron la convención colectiva, ellos están amparados por la convención colectiva. Les asiste el derecho y la razón, pero la empresa igualmente les quitó el cestaticket y les puso un salario que no es el de ellos. El reenganche es una simulación porque los mantienen fuera pagándoles 130 bolívares que no corresponde a sus cargos”, adujo Márquez, quien, además, informó que hubo otros trabajadores que sí aceptaron la liquidación, que catalogó como una trampa, y recibieron un monto mal calculado.
“Hemos introducido reclamos sobre estos acuerdos donde somos excluidos y estamos esperando respuesta de la inspectoría. Están en proceso de elecciones sindicales y por alguna razón incluyeron a algunos de los que estamos en esta situación y excluyeron a otros de la lista de participantes para elegir o ser electo. Lo cual representa una violación del derecho al sufragio”, rechazaron los denunciantes.
En este sentido, el lapso para renovación de dirigencias sindicales y gremiales estuvo suspendido por orden del Consejo Nacional Electoral desde el año 2018, por tanto, los dirigentes mantienen sus cargos vencidos desde entonces. Debido a ello, en el marco del Foro de Diálogo Social efectuado en septiembre del presente año se ordenó agilizar los procesos de renovación de líderes laborales.
