Fedecámaras ratificó su disposición de participar en las deliberaciones que se llevarán a cabo en el marco del reglamento de la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al bloqueo imperialista.
El texto definitivo del instrumento legal entró en vigencia al ser publicada en la Gaceta Oficial Número 6.806, de fecha miércoles 8 de mayo. La normativa establece en su artículo 7 que el monto de la contribución que las empresas tendrán que pagar para financiar las pensiones es de entre 1% hasta 15% del total de los pagos realizados por el contribuyente a las trabajadoras y trabajadores por concepto de salario y bonificaciones de carácter no salarial.
Al respecto, los gremios empresariales recomendaron que la alícuota no sea superior al 6%, tasa que será finalmente decidida por el Ejecutivo y que se espera esté contenida en el reglamento de la ley.
En una nota de prensa de Fedecámaras, el gremio empresarial ratificó la voluntad del sector privado de contribuir con la seguridad social, como una política pública con viabilidad y proyección, recordando que este plan debe ser el resultado del intercambio de planteamientos, los cuales recojan los criterios del Ejecutivo nacional, de los trabajadores y de los empresarios, con lo cual se garantizará la sostenibilidad del sistema de protección social.
“Se trata de no distorsionar el mercado laboral con elementos contributivos que, lejos de coadyuvar a los objetivos previstos, pudieran generar inconvenientes en cuanto a la generación de fuentes de trabajo, calidad de la contratación, alicientes a elevación fiscal, sobre todo, un régimen que resulte no viable perjudicando a los sectores vulnerables a los cuales está destinado la ley recientemente discutida en el seno de la Asamblea Nacional”, según lo planteó la alta dirigencia empresarial agrupada en Fedecámaras.
Representantes del sector privado se reunieron el 6 de mayo con diputados de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista y entregaron un documento con sus propuestas sobre la Ley de Pensiones.
“La alícuota debe ser entre moderada y baja, pues este tributo no puede ser equivalente al efecto que sería tener una nómina adicional inexistente, equivalente al porcentaje establecido como alícuota, porque una situación así no es sostenible para ninguna empresa privada, dado que el sector ha estado haciendo esfuerzos inmensos porque no se pierdan puestos de trabajo y por tratar de mejorar la remuneración de los trabajadores”, se indicó en el documento entregado a la AN.
Se espera que se reúnan los gremios empresariales con Nicolás Maduro, y se prevé que se anuncie alguna decisión sobre la tasa de contribución que deberán entregar las empresas al Seniat, el ente que se encargará de recaudar estos recursos.
“Este es un propósito común entre Gobierno nacional, trabajadores y empresarios, en lo referente a la formulación de políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de nuestros pensionados y jubilados”, afirmó Fedecámaras en la nota de prensa.
