Clima 21, organización que promueve los derechos humanos ambientales en Venezuela, a través de procesos de educación, documentación, divulgación, denuncia y acompañamiento, presentó los resultados del trabajo realizado durante 2022 sobre la situación ambiental del país y su relación con los derechos humanos.
El coordinador general, Alejandro Álvarez Iragorry, fue el encargado de presentar los datos recabados, sobre los que destacó que en el país hay situaciones “preocupantes como que Venezuela tiene la tasa de deforestación de bosques naturales más alta de la región amazónica; hay un importante deterioro ambiental de toda la zona costera del país; se observan graves amenazas sobre la fauna silvestre producto de la pobreza y la criminalidad; así como el incremento de derrames petroleros continuos sin ningún control”.
Igualmente, Álvarez advirtió que este contexto está afectando los derechos humanos de los venezolanos y es un obstáculo importante para la recuperación del país.
El representante de Clima 21 presentó un análisis que describe cómo la combinación de un modelo de economía extractivista aplicado por el gobierno, el desmantelamiento de la institucionalidad ambiental del país, y la emergencia humanitaria compleja, son las causas subyacentes en el proceso de deterioro ambiental.
El análisis fue ampliado por los tres panelistas invitados. Liliana Buitrago, miembro del Observatorio Venezolano de Ecología Política, señaló que lo descrito es consecuencia de la ausencia de una política ambiental nacional responsable y un interés exclusivo por el beneficio económico.
Asimismo alertó sobre la amenaza de que el interés por los recursos naturales del sur-global por parte de empresas y Estados, puede empujar a la región a un nuevo ciclo de colonialismo y, finalmente, recomendó la necesidad de conectarse con la población venezolana a través de una educación ecosocial para apoyar su conformación como sujetos de cambio en la transición que necesita el país.
Por su parte, Antonio De Lisio, profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), explicó el proceso de desmantelamiento de la institucionalidad ambiental del país, a partir de ideas “anacrónicas que nos alejaban de las realidades y discusiones actuales”. Afirmó que Venezuela debe avanzar hacia una transición ecológica basada en las orientaciones del Acuerdo de Escazú, que establezca una nueva gobernabilidad ambiental descentralizada y con participación de todos los venezolanos.
Finalmente, Jo D’Elia de la organización Civilis Derechos Humanos, describió el proceso de crisis política que ha llevado al país a una situación de emergencia humanitaria compleja, y cómo este proceso está generando un grave deterioro de las condiciones de vida y los derechos de todos los venezolanos. Asimismo recomendó seguir documentando la realidad ambiental del país para fortalecer los esfuerzos humanitarios que se están realizando en la actualidad.
Como cierre, Alejandro Álvarez hizo un llamado a unir esfuerzos para impulsar la transición de Venezuela “hacia un país ambientalmente responsable que utilice el potencial de sus recursos naturales para avanzar hacia un país próspero, democrático y respetuoso de los derechos humanos de todos los ciudadanos”.
