Este lunes se cumplen seis años de la muerte del exinspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) Óscar Pérez, quien fue asesinado junto a otras seis personas durante un operativo de captura ejecutado por varios cuerpos de seguridad del Estado, en uno de los casos de ejecución extrajudicial más comentados del país.
Los voceros del Gobierno nombran este hecho como “Operación Gedeón”, mientras que los defensores de derechos humanos lo señalan como la “masacre de El Junquito”, un caso que sigue sin encontrar justicia seis años después de lo ocurrido.
Por esta razón, Armando Pérez, hermano de Óscar Pérez, se pronunció en sus redes sociales para pedir a la población venezolana “no olvidar” a los “héroes que arriesgaron sus vidas por una causa noble y justa”.
“Quiero invitarlos a todos ustedes, que los conocieron y a los que no, a que los honren con una oración, con sus palabras, con sus acciones, con sus pensamientos. Que no los olviden, que los sigan nombrando”, publicó en sus redes sociales.
En su mensaje, Armando Pérez no hizo comentarios sobre la respuesta del sistema judicial a la muerte de su hermano, que pasó por debajo de la mesa para los tribunales del país, pues no hubo juicio ni culpables imputados por las muertes de Daniel Soto, Abraham Noé Lugo Ramos, José Alejandro Días Pimentel, Jairo Simón Lugo Ramos, Abraham Israel Agostini y Lisbeth Ramírez, además del propio Oscar Pérez.
Durante los últimos años, la madre de los hermanos Pérez, Aminta Pérez, ha pedido que se haga justicia por el asesinato de su hijo. Sin embargo, sus llamados no han sido respondidos por instituciones venezolanas. Con el tiempo quedó en el olvido del escenario político.
Para las organizaciones defensoras de derechos humanos, tanto en el país como en el exterior, no caben dudas de que la muerte de Pérez y sus compañeros no fue más que una ejecución extrajudicial, especialmente después de que la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, publicase imágenes sobre los exámenes forenses, en los que se determinaba que el policía habría sido alcanzado por no menos de 12 disparos, uno de ellos en la nuca.
Ortega Díaz explicó que los funcionarios del régimen de Maduro entraron disparando al chalet donde los sublevados se escondían. Alertó que varios de los fallecidos tenían orificios de bala en la palma de la mano y en los brazos, lo que a su juicio da a entender que se estaban defendiendo.
Todas esas fotos fueron entregadas a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que avanza en un examen preliminar sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país a partir de 2017.
Todo parece indicar que la única ventana judicial abierta es a través de la CPI y su investigación sobre crímenes de lesa humanidad, la cual debería avanzar este año.
La corte debe decidir este primer trimestre de 2023 si continuar o no la investigación, después de que el gobierno de Nicolás Maduro interpusiera una apelación al caso, desestimando las pruebas presentadas por defensores de las víctimas de los casos que podrían ser considerados “crímenes de lesa humanidad”, entre ellos, la ejecución extrajudicial de Pérez y su grupo.
