Decomiso de ayudas en centros de acopio, persecución y hostigamiento contra rescatistas e intérpretes, desaparición y presunta detención de voluntarios civiles. La represión política se mantiene activa en plena emergencia por el doblete sísmico que sacudió al país el 24 de junio, en un intento de controlar la narrativa y el descontento por la respuesta tardía a la crisis, opinan desde el Laboratorio de Paz.
La desaparición de Wilmer Antonio Cruz, conocido como el Topo de La Guaira es un ejemplo de esa maquinaria represiva activa: el voluntario compartió videos y declaraciones donde criticó la falta de apoyo estatal durante la emergencia y recursos para continuar las labores de salvamento.
Poco después, presuntos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se llevaron a Cruz, según denuncias de vecinos y allegados. El hombre fue presentado en tribunales por supuesto “hurto” y fue liberado bajo medidas cautelares.
Incluso el director nacional del Cicpc, Douglas Rico, se pronunció sobre el caso bajo una publicación titulada “Desmontando al topo-choro” y donde se asegura que Cruz fue apresado cuando “iba a ser linchado” por la comunidad al presuntamente sustraer bienes de inmuebles afectados en La Guaira. Además se reportó que tenía solicitudes por “posesión de drogas y hurto”.
“Recordamos el deber del Estado de garantizar la protección y la integridad física tanto de los damnificados como de todas las personas que permanecen en las zonas afectadas colaborando en tareas de auxilio y rescate”, expresó la organización Justicia, Encuentro y Perdón en redes sociales.
Otros rescatistas internacionales, como Francisco Lermanda, líder de los topos de Chile, han denunciado el hostigamiento militar a sus operaciones bajo acusaciones de “espionaje”. “Un militar se metió en la zona de desastre, donde está nuestra gente metida en túneles, para pedirle los documentos”, afirmó.
También señaló que los controles son reiterados y afectan el desarrollo de las operaciones de rescate. Una integrante del equipo cuestionó a un militar por solicitarle su identificación en al menos cinco ocasiones desde la llegada de la brigada a una zona de derrumbe.
Rafael Uzcátegui, sociólogo y director del Laboratorio de Paz, señala que el actual escenario tiene varias intenciones para la administración que maneja Delcy Rodríguez: mantener la narrativa, ocultar información para generar el menor impacto en la población y promover que la acción del Estado “es la fundamental y principal en este momento”.
“Por una parte permite al gobierno mantener el control sobre el orden público y, especialmente, sobre el flujo de la información en un momento donde existe una alta incertidumbre en la población. Además también quiere desalentar todas esas iniciativas independientes de la sociedad civil que pudieran no solamente complementar la respuesta estatal sino incluso sustituirla en momentos donde hay mucha omisión de los funcionarios”, explica Uzcátegui.
Asimismo destaca que en una emergencia de esta magnitud, “la confianza y la colaboración entre autoridades, comunidades y organizaciones deberían ser recursos tan importantes como la maquinaria o insumos; lamentablemente está prevaleciendo una lógica de control más que una lógica de coordinación y específicamente mucho más que un interés de protección”.
El decomiso como bandera
En redes sociales se multiplicaron las denuncias sobre decomisos, impedimentos para instalar centros de acopio o apropiación indebida de donativos por parte de funcionarios estatales (policías, Seniat) o actores vinculados al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Hace dos días, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela denunciaron el “robo” de siete camiones con ayuda desde el estado Bolívar y que iban a ser entregados en La Guaira y otras zonas de desastre. “Nosotros queremos ayudar a las víctimas y tienen que permitirlo. Aquí estamos trabajando con muchísima organización y disciplina, ayudando a las personas que más lo necesitan”, expresó Miguelangel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV.
La red de comanditos activada por María Corina Machado también reportó sobre impedimentos y retaliaciones por instalar centros de acopio en el estado Portuguesa, así como la citación judicial contra uno de los organizadores.
El director de Laboratorio de Paz recuerda que los estándares internacionales sobre gestión de desastres “siempre han insistido en que el objetivo de toda decisión en una situación como esta tiene que ser salvar vidas y reducir el sufrimiento. Las autoridades tienen un margen para organizar y coordinar la respuesta, pero ese margen no es ilimitado, debe realizarse con criterios de necesidad, proporcionalidad, transparencia y no discriminación”.
En caso de que cualquier decisión de los funcionarios produzca el efecto contrario, dice Uzcátegui, como retrasar rescates, obstaculizar asistencia o impedir que la ayuda llegue a personas que la necesitan, “esto puede generar responsabilidad internacional por incumplir el deber de proteger los derechos a la vida, integridad personal y a la asistencia humanitaria de las personas afectadas”.
“Eso también genera un efecto simbólico en la población. La gestión de un desastre de esta magnitud puede aumentar la legitimidad de las autoridades frente a su proactividad en la respuesta o la puede disminuir. Creo que no solamente puede generar sanciones internacionales, sino una sanción moral en las personas que son testigos de la respuesta. En este momento se está reconfigurando, transformado la relación de los ciudadanos con el Estado, precisamente por esa experiencia que están teniendo en el terreno de la reacción oficial”, afirma.
Arrestos selectivos siguen
Uno de los elementos que ha marcado el aparato represivo en los últimos meses, además de las desapariciones forzadas o el aislamiento, son las detenciones selectivas que apuntan a personalidades vinculadas a la política o ciudadanos que se hayan organizado o emitido opiniones incómodas al poder.
“Creemos que para evitar una situación de ingobernabilidad, una expresión de descontento e inclusive cualquier tipo de protesta que pudiera derivar en confrontación con las autoridades, es probable que aumente la curva represiva o las detenciones selectivas que ha sido la característica de la represión a partir del 3 de enero”, afirma el sociólogo Rafael Uzcátegui.
Esta emergencia, recuerda, coincide con los seis meses de la captura de Nicolás Maduro durante un ataque militar estadounidense, la misma nación que ahora no solo tutela al interinato Rodríguez, sino la respuesta a la tragedia. Justamente, el plazo de 180 días para un gobierno provisional se venció el pasado 3 de julio según los límites previstos en la Constitución.
“No hay ley que permita que una autoridad provisional no electa por el voto popular antes de cumplirse la mitad del periodo presidencial pueda ejercer más tiempo en la presidencia interina”, dice Uzcátegui.
Esta situación, prosigue, genera “conversación, preguntas y vinculaciones sobre la ineficacia en la respuesta y la legitimidad de las autoridades y la erosión del Estado de derecho. Seguramente eso va a aumentar la necesidad de control de las autoridades sobre las personas, sobre la narrativa”.
Bajo este escenario, considera el especialista, cree que esa represión bajo detenciones selectivas se mantendrá a lo largo del año, también marcado por el propio escenario político dentro de EE UU. “Creo que después de noviembre, cuando Trump pierda la mayoría en el Senado, vamos a tener un nivel de represión similar al que había antes del 28J”.
