Fundamujer
12 Sep, 2024 - 12:00 AM
La representación de Argentina, a nombre del grupo de naciones, señaló su profunda preocupación por esta crisis debido a los centenares de arrestos arbitrarios de activistas políticos, periodistas y manifestantes, entre ellos adolescentes, mujeres y personas con discapacidad.
“El líder político y candidato presidencial Edmundo González ha tenido que pedir asilo político y acogerse a la protección que le ha ofrecido España”, afirmó el jefe de la diplomacia europea.
Advierte que el gobierno también “ha intensificado sus tácticas represivas, cancelando pasaportes de críticos del gobierno para evitar que salgan del país, llamando a la ciudadanía a denunciar a manifestantes y realizando redadas abusivas”.
A juicio de la ONG, los detenidos con posterioridad a las elecciones presidenciales del 28 de julio han sido privados de las garantías procesales básicas, incluyendo el acceso a abogados y una defensa adecuada.
El Foro Penal informó este 31 de agosto sobre excarcelaciones de adolescentes en varias regiones del país, quienes fueron detenidos arbitrariamente y acusados de terrorismo e incitación al odio.
Caroní se incorporó a la manifestación “acta mata sentencia” convocada por la unidad democrática. En la actividad destacó la presencia de adultos mayores con un clamor común: quiero a mis hijos de vuelta.
A un mes de las elecciones presidenciales, la dirigente María Corina Machado reiteró su llamado a las Fuerzas Armadas a respetar la Constitución, ya que parte de sus funcionarios fueron clave en entregar las actas y resguardar el material.
Con Andrés Alfonso Ramírez Castillo, de 36 años, son doce las personas que murieron a manos de las fuerzas del Estado en estos hechos. Diez de estos casos se le atribuyen a miembros la Fuerza Armada Nacional Bolivariana: siete del Ejército, dos de la Guardia Nacional y uno mixto, en donde supuestamente participaron en un homicidio junto a policías.
“Provea ha registrado al menos 50 casos de desapariciones forzadas, en los que las víctimas fueron detenidas ilegalmente por fuerzas de seguridad y grupos paramilitares, muchas veces sin que sus familiares tuvieran información sobre su paradero”.
En 2023 el gobierno del mandatario nicaragüense Daniel Ortega despojó de su nacionalidad a 222 opositores encarcelados poco después de deportarlos a Estados Unidos.
