Según el observatorio, las instalaciones no cuentan con las medidas de seguridad necesarias para resguardar a los líderes de bandas delincuenciales; por lo que la organización se preguntó sobre los criterios del Estado para elegir los penales que serían intervenidos.
La Policía Nacional Bolivariana fue el principal cuerpo de seguridad acusado de presuntas ejecuciones extrajudiciales, con 96 casos de asesinatos bajo su actuación (27,04% del total de víctimas).
En rueda de prensa Simón Calzadilla cuestionó la inacción de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional cuando candidatos y ciudadanos son agredidos por integrantes del PSUV, así como la falta de pronunciamiento por parte del fiscal general de la República ante estos ataques.
Cuatro efectivos fueron secuestrados la mañana del 17 de julio por un grupo de reclusos del Centro de Atención al Detenido La Morita II, en el estado Aragua, en reclamo a mejores condiciones y la presencia de un juez y fiscales del Ministerio Público.
El comandante Elio Estrada afirmó que los indígenas fueron puestos a orden de los tribunales “para que asuman su responsabilidad por cerrar vías y alterar el orden público”.
El cacique y el grupo de yukpas pidieron que se acerque la ministra de Pueblos Indígenas, Clara Vidal, o el alcalde de Mara, Luis Caldera, para que los ayuden a localizar a los privados de libertad.
Esto ocurre un día después de los hechos violentos protagonizados por un grupo de yukpas en una alcabala de la Policía Nacional Bolivariana en La Villa del Rosario.
El presidente del partido Alianza del Lápiz recordó que va un mes desde que en Venezuela se inició una investigación por corrupción en empresas del Estado y que hasta ahora no se ha sido concreto en los montos presuntamente desfalcados.
Tras varias horas de enfrentamiento, los cuerpos de seguridad retomaron el control en Las Tejerías, mientras que los antisociales se replegaron a las montañas.
