jueves, 29 febrero 2024
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La (des)información, el otro frente de guerra que Putin disputa con Ucrania

La guerra cambió todas las condiciones. El pasado 6 de marzo, el Ministerio de Desarrollo Digital de Rusia ordenó a todos los sitios web y servicios estatales que cambiaran a un sistema de nombre de dominio ruso antes del 11 de marzo.  

La periodista rusa Marina Ovsyannikova se coló la noche del 14 de marzo en uno de los principales noticieros rusos. Con un cartel que decía: “No a la guerra, paren la guerra, no crean en la propaganda, les están mintiendo”, irrumpió durante el programa Vremya (Tiempo) del Canal 1.

Dicho canal es el segundo más popular de Rusia, con millones de personas que ven Vremya, y además es uno de los difusores principales de los mensajes que el Kremlin envía a los medios.

La periodista fue multada por “organizar un evento público sin autorización”, después de ser presentada en tribunales tras 14 horas de interrogatorio y poco menos de dos días de prisión.

Pero su reacción es considerada por analistas como un posible detonante de nuevas protestas contra la guerra en Ucrania, que muchos rusos solo consideran como un intento de liberación, al igual que un impulso a otros periodistas.

Horas después de haber salido en TV, la presentadora Lillia Gildeyeva dimitió al frente del programa Segodnya (Hoy) en el canal NTV, el tercero más visto en Rusia. Gildeyeva había sido distinguida en 2021 por el propio Putin por “sus logros”.

Para Rebecca MacKinnon, vicepresidenta de promoción global de la Fundación Wikimedia, la guerra contra Ucrania no es solo el ataque contra una nación, sino contra los derechos y libertades de Ucrania, Rusia y países cercanos.

“La invasión ha precipitado una serie de eventos que amenazan con ‘dividir’ aún más la internet global, poniendo así en peligro la capacidad de todos, en todas partes, de compartir y acceder al conocimiento abierto a través de las fronteras”, señala.

Las autoridades rusas se han apoyado en la desinformación “como una herramienta de guerra de larga data, usándola para dividir, manipular y sembrar desconfianza”, dice MacKinnon.

Esto se refleja en la última ley implementada por la Duma, donde se penaliza hasta con 15 años de cárcel a las personas que difundan información “falsa” sobre la invasión rusa. “Si bien algunos ciudadanos rusos continúan ejerciendo sus derechos de libertad de expresión con gran riesgo personal, muchos más se han visto obligados a guardar silencio al priorizar la supervivencia de sus familias”.

Pero mientras las sanciones internacionales avanzan, con afectaciones a algunos medios como Rusia Today, actores relacionados a la arquitectura y provisión de internet han sido más cautos en hacer pronunciamientos, en aras de mantener los derechos a la libertad de expresión y pensamiento, donde por extensión se incluye el derecho a la información.

Otras empresas han tomado medidas para “detener” los servicios comerciales que amplifican los medios controlados por el Estado o que benefician al régimen de Putin, o de proveer de conexión a la población ucraniana, como el anuncio del magnate Elon Musk de poner a disposición el satélite Starlink.

Internet: made in Rusia

En noviembre de 2019, el gobierno de Vladimir Putin aprobó una serie de enmiendas a regulaciones existentes, renombradas como una “Ley soberana de internet”, donde se crea un marco de regulación para la gestión estatal centralizada dentro de las fronteras de Rusia. La intención era “proteger el internet al igual que Rusia de amenazas externas”.

Las tres enmiendas hechas permitían, entre 2019 y enero de 2021, la instalación obligatoria de equipos técnicos para contrarrestar las amenazas, una gestión centralizada de redes de telecomunicaciones en caso de amenaza y mecanismo de control para líneas de conexión que cruzan la frontera de Rusia, y la implementación de un Sistema Nacional de Nombres de Dominio (DNS).

Los DNS no son más que los identificativos que convierten los nombres de páginas, como talcualdigital.com, en direcciones IP numéricas legibles para la computadora. El Laboratorio de investigación forense digital (DFR Lab) del Atlantic Council, un think tank con base en EE UU, recuerda que los cambios en DNS se propusieron en 2017 pero hubo pocos avances.

La guerra cambió todas las condiciones. El pasado 6 de marzo, el Ministerio de Desarrollo Digital de Rusia ordenó a todos los sitios web y servicios estatales que cambiaran a un sistema de nombre de dominio ruso antes del 11 de marzo.

Politización desinformación

Además se les instruyó para que dejen de usar servicios de alojamiento extranjeros, dejen de usar contadores de tráfico de sitios web extranjeros y fortalezcan las políticas de contraseñas para proteger “la posibilidad de desconexión de internet forzada desde el extranjero”, así como ataques cibernéticos.

El DFR Lab señala que el Gobierno ruso se ha enfrentado a desafíos políticos, además de los tecnológicos, para avanzar en una internet doméstica, “y aquí es donde realmente entra en juego la reciente y agresiva represión de Vladimir Putin. En los últimos años, la falta de priorización política significó que las piezas técnicas más pequeñas del rompecabezas de internet doméstico no se pusieran en su lugar”.

Ahora se presiona más y se dispone de mayor dinero para que las empresas introduzcan los cambios hacia este objetivo. El DFR Lab también recuerda que a diferencia del Gobierno chino, “que es muy técnico y muy sofisticado, el modelo de control de internet del Gobierno ruso se basa en un filtrado más limitado combinado con filtros tradicionales: presionar y amenazar al personal”.

Esto solo deriva en violaciones a los derechos al acceso de información de los rusos, que verán más limitadas sus opciones dentro del espectro tecnológico. Para el DFR Lab también repercute a nivel global, pues el debate se centrará en si es posible “una internet global libre, abierta, segura e interoperable” mientras países como China y Rusia presionan por esferas digitales “soberanas”.

Medios tradicionales en guerra

Mientras Rusia bloquea los accesos a Facebook, Twitter e Instagram, incluso bajo la protesta de influencers que dependen de estas redes para hacer dinero, los medios tradicionales están bajo el puño del Kremlin.

Los canales de televisión no muestran bombardeos sobre Kyiv, la capital ucraniana, o el asedio a diversas ciudades como Kharkiv o Mariúpol. Tampoco muestran a las tropas rusas disparando contra objetivos civiles o la captura de personalidades como el alcalde de Melitopol, liberado recientemente.

Rusia

Las televisoras solo muestran algunos logros rusos y, mayoritariamente, noticias locales. Incluso algunos presentadores se dedican a lanzar amenazas y desinformación. Por ejemplo Olga Skabeeva, presentadora del programa de televisión estatal 60 Minutes, tergiversó intencionalmente declaraciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Skabeeva afirmó que “la declaración de Jennifer Psaki decía que no importa lo que haga Putin en Ucrania, ya sea que use armas biológicas o lance una bomba nuclear, Estados Unidos no se involucrará”.

La vicepresidenta de promoción global de la Fundación Wikimedia, Rebecca MacKinnon, recuerda que “el acceso a información verificada no solo influye en la opinión pública, las personas dependen de los hechos para tomar decisiones que les cambien la vida e incluso les salven la vida”.

Varios de los medios de comunicación privados e internacionales han dejado de transmitir o publicar debido a la presión de las autoridades, incluida la estación de radio Echo de Moscú y TV Rain, un canal de televisión en línea.

Al menos 30 portales de medios de comunicación han sido bloqueados por el regulador ruso Roskomnadzor. Uno de los últimos fue el sitio web de BBC News en Rusia. “Creo que esto es sólo el comienzo de las represalias en la guerra de información lanzada por Occidente contra Rusia”, dijo la portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajarova, en Telegram.

Amnistía Internacional considera que esta es una campaña de represión sin precedentes. “Al bloquear los medios de comunicación críticos más populares, cerrar emisoras de radio independientes y obligar a decenas de periodistas a interrumpir su trabajo o abandonar el país, las autoridades han privado casi por completo a la población rusa de acceso a información objetiva, imparcial y fidedigna”.

Incluso bajo estas condiciones, para Amnistía “la libertad de prensa en Rusia no ha muerto a pesar de los denodados esfuerzos de sus autoridades. Periodistas valientes continúan su labor esencial, no en salas de redacción sino repartidos por el mundo como profesionales en el exilio. Aunque sus informes no puedan verse en televisión ni escucharse en la radio, su verdad se emite en directo por YouTube. Sus palabras no llenan las páginas de los periódicos pero se difunden al mundo a través de los canales de Telegram. Las actualizaciones vitales de todos estos corresponsales deben difundirse y valorarse”.