El Ministerio Público de Puerto Ordaz admitió una denuncia por violación a los derechos humanos y laborales, interpuesta por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Siderúrgica Nacional (Sidernac).
Este documento consignado ante el órgano del Poder Ciudadano recopila una serie de violaciones a los derechos laborales, específicamente el irrespeto a la inamovilidad laboral, las contrataciones colectivas, el derecho al trabajo y la libertad sindical.
El secretario general de Sidernac, Alejandro Álvarez, explicó en entrevista con Correo del Caroní que “es una denuncia amplia sustentada en documentación de los años 2017 y 2018, explicada al detalle y de conformidad con la Ley de Procedimientos Administrativos”.
La denuncia cuenta con seis apartados en los que extiende solapando artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con situaciones que se viven dentro del Complejo Siderúrgico Planta Casima, alegando que las autoridades de la compañía han violentado los derechos de los trabajadores afectando sus salarios, libertades y condiciones laborales de forma permanente.
Memorándum 2792
Los obreros argumentan en los apartados referentes al salario y las contrataciones colectivas, que a través del memorándum 2792 publicado por el Ministerio del Proceso Social del Trabajo en 2018 se socavaron los beneficios laborales y la seguridad social de todos los obreros del holding CVG.
En este sentido, el memorándum 2792 defiende la protección de la fuente de trabajo, alegando que las empresas públicas pueden suspender el pago de beneficios de considerar que estos son muy “onerosos” o no puede costearlos. El texto dio licencia a la CVG para suspender beneficios y compromisos económicos que poseía por contratación colectiva con sus empleados.
Alejandro Álvarez, secretario general de Sidernac, explicó en entrevista con Correo del Caroní que “es una denuncia amplia sustentada en documentación de los años 2017 y 2018, explicada al detalle y de conformidad con la Ley de Procedimientos Administrativos”
“La implementación de estos lineamientos como política de Estado trajo como consecuencia despidos injustificados, desmejoras en nuestras condiciones de trabajo, violación de nuestra contratación colectiva y actas de acuerdos de beneficios colectivos, eliminación de nuestra hoja de cálculos salariales, eliminación de los métodos y fórmulas de cálculo tradicional, eliminación de la entrega del recibo de pago salarial y ataques contra nuestra institución sindical”, establece el documento.
La denuncia argumenta la ilegalidad de las desmejoras en las condiciones laborales, toda vez que la ley defiende la progresividad de los derechos del obrero, por tanto, este memorándum transgrede las normativas laborales nacionales e internacionales.
Esta situación fue constatada por la Organización Internacional del Trabajo en su Comisión de Encuesta desarrollada en 2018.
20 despidos injustificados: violaciones a la inamovilidad laboral
En cuanto a la inamovilidad laboral, esta viene renovándose en el país desde el año 2000, impidiendo que los trabajadores sean despedidos si no es bajo una medida cautelar de despido que debe ser respaldada por una causa justificada, las cuales están establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt).
Sin embargo, los obreros denuncian que hubo, al menos, 20 despidos injustificados e ilegales entre los años 2019 y 2021, en medio de la pandemia por la COVID-19.
No requeridos: violación al derecho al trabajo
“Esta política consiste en comunicarle al trabajador de forma verbal (se niegan a hacerlo por escrito) que las funciones que ellos habitualmente realizan en su entidad de trabajo, según lo establecido en sus contrataciones, ya no son necesarias para la continuidad operativa de la empresa y, por tanto, son trabajadores no requeridos, enviándolos a sus casas y prohibiéndoles la entrada a su entidad de trabajo. Trayendo como consecuencia una desmejora de sus ingresos de por lo menos 70%”, así describe la denuncia consignada en el Ministerio Público la realidad de los empleados no requeridos.
Desde 2021 Correo del Caroní ha recibido múltiples denuncias en torno a esta figura que surgió en el contexto de la pandemia, no obstante, pese al levantamiento del confinamiento aún hay obreros fuera de sus puestos laborales.
El documento cita los resultados del informe de la OIT en Venezuela, el cual encontró que “se hostiliza y socava la acción de las organizaciones de trabajadores no afines al gobierno”
En este sentido, la denuncia califica esta situación como una violación al derecho al trabajo contenido en las normativas nacionales y convenios internacionales de trabajo.
A su vez, Sidernac denuncia que esta figura es utilizada para amenazar y, llegado el caso, sacar de planta a los obreros que reclaman las malas condiciones laborales, especialmente, la inseguridad en las áreas de trabajo.
Al respecto, el año pasado Correo del Caroní contabilizó una docena de accidentes laborales en las empresas básicas de Guayana, aunado a ello, Ferrominera Orinoco fue el escenario donde murió triturado por las ruedas de un vagón. El trabajador Julio Barroso.
Violaciones a la libertad sindical: ataques contra Sidernac
El documento cita los resultados del informe de la OIT en Venezuela, el cual encontró que “se hostiliza y socava la acción de las organizaciones de trabajadores no afines al gobierno”.
En este sentido, Sidernac alega que la organización ha sido víctima de ataques constantes, impidiendo el accionar regular del sindicato y dejando por fuera de sus labores a sus autoridades.
“Desde marzo de 2022, la empresa prohibió la entrada a la entidad de trabajo a los directivos sindicales de Sidernac, quienes introdujeron un reclamo por práctica antisindical en la Inspectoría del Trabajo”, expresa la denuncia, en la que se recopilan las diferentes denuncias que ha hecho la organización en diferentes instituciones del Estado.
Debido a ello, los denunciantes catalogan como “ineficiente” a la Inspectoría, realidad que ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por otros grupos de trabajadores, quienes aseveran haber realizado más de 40 denuncias en la institución y no haber obtenido respuestas.
