Los denunciantes aseguraron que el centro no cumple con los estándares internacionales de funcionamiento, remitiendo constantemente al paciente a otros hospitales. Además denunciaron la falta de citas y la ausencia de especialistas para un universo de 200 mil beneficiarios.
El dirigente laboral Jean Franco, miembro de la agrupación Unidad en la Coincidencia, aseguró que los recursos de la siderúrgica están orientados al proselitismo político, vulnerando las condiciones del trabajador.
Denunciantes aseguran que la falta de servicios de salud ha cobrado la vida de decenas de trabajadores durante los últimos años, toda vez que la estatal incumple con el servicio de HCM y la precarización salarial les impide costear tratamientos.
El director laboral de la CVG en el exilio advierte que la nueva Ley de Minas será insuficiente si no se investigan dos décadas en el que modelo socialista permitió la ilegalidad y descontrol ambiental en torno a la actividad minera.
La convocatoria aglutinó a representantes de más de 32 organizaciones laborales de Guayana, que, en agenda común, aseguraron que estarán en actividades de protesta hasta el 3 de julio.
El miembro principal de la comisión, Jonis Luna, afirmó que la CVG propuso un intercambio de bienes, como terrenos o vehículos, debido a que no cuenta con los recursos para cancelar a los accionistas el valor de su participación en la compañía.
Los manifestantes lamentaron haber ido hacia atrás en materia de derechos, toda vez que no cuentan con HCM, seguridad social, salario ni jubilaciones dignas, viéndose obligados a vivir de la caridad de sus familias.
El director laboral de CVG en el exilio aseguró que el deterioro del Sistema Eléctrico Nacional respondió también a un modelo que favoreció operaciones de minería digital, protegidas por estructuras militares y políticas del chavismo.
Durante 2024, 2025 y 2026 se reportaron descarrilamientos en la pendiente de la mina San Isidro, explotada por Ferrominera Orinoco, hasta la fecha, la estatal no ha ofrecido una versión oficial de los hechos ni explicado qué medidas se están tomando para evitar accidentes.
Decenas de denuncias sin atender, omisión a los casos y politización: esta es la realidad de la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro, según trabajadores de Puerto Ordaz, quienes exigen a las autoridades voltear la mirada hacia Guayana para lograr justicia.