El dirigente sindical Ramón Chacín hizo una denuncia pública desde el estado Bolívar para alertar al país y a la comunidad internacional sobre la grave crisis laboral, de seguridad industrial y de soberanía económica que atraviesa la estatal CVG Ferrominera Orinoco (FMO).
Chacín, exsecretario de organización del Sindicato de Trabajadores de la Planta de Pellas de Toppca (Sutratoppca), señaló directamente el impacto negativo de las alianzas comerciales de la corporación, específicamente, apuntó hacia el contrato con la transnacional Jindal, ejecutado a través de su brazo operativo local, Visco Orinoco.
El líder sindical considera que ”el hierro de Guayana debe transformarse en bienestar colectivo para Venezuela y para quienes diariamente lo producen con su esfuerzo, y no únicamente en ganancias para intereses particulares y corporaciones extranjeras”.
De acuerdo con el manifiesto presentado por la dirigencia laboral, el esquema operativo actual prioriza inversiones millonarias destinadas exclusivamente a la infraestructura de extracción rápida y al despacho exprés del mineral de hierro hacia los complejos siderúrgicos de Jindal en la India.
Sin embargo, asegura, esta intensa actividad exportadora no se traduce en la recuperación de las plantas venezolanas ni en mejoras socioeconómicas para el personal.
La denuncia deja al descubierto lo que hoy sufre la familia ferrominera, atrapada en un sistema que convirtió a la masa trabajadora en la mano de obra más barata del país. Los obreros revelan que lo que ganan no alcanza ni para media canasta básica y que, para colmo, la empresa impone bonos a dedo, de forma discrecional, sin transparencia y bajo una total desigualdad entre compañeros.
De esta manera se borraron de un plumazo los derechos históricos y los beneficios que la clase obrera conquistó con años de lucha y sudor en Guayana, los cuales hoy la empresa simplemente ignora.
A la crisis económica se suma el colapso operativo y el riesgo físico, Chacín expresó con preocupación que trabajar en Ferrominera hoy es arriesgar la vida, debido a que las plantas están completamente deterioradas, no hay dotación de botas, uniformes ni equipos de protección personal (EPP), demostrando que la salud del trabajador no les importa.
De igual manera manifestó que se les ha quitado el derecho a defenderse al mantener secuestrada la autonomía sindical, puesto que no existe una representación independiente ni democrática que saque la cara por los trabajadores, dejándolos desprotegidos frente a los abusos de la patronal y las firmas extranjeras.
Ante lo que califican como un desmantelamiento progresivo de la dignidad laboral, Ramón Chacín y la base trabajadora exigen de forma inmediata el cumplimiento de cuatro puntos no negociables para destrabar el conflicto en Guayana.
En primer lugar exigen una auditoría pública e independiente que revise a fondo todos los contratos firmados con las empresas extranjeras Jindal y Visco Orinoco, con el fin de transparentar el destino de las millonarias divisas que entran por la exportación masiva del mineral.
Para garantizar que los trabajadores recuperen su voz y su defensa legal, la dirigencia exige convocar a elecciones sindicales libres y democráticas.
La base obrera sostiene que solo a través del voto se podrán relegitimar liderazgos comprometidos con el rescate real de la contratación colectiva y el fin del tutelaje patronal.
Asimismo, los ferromineros reclaman un ajuste de sueldos anclado a la productividad real de la empresa, aseguran que es inaceptable que la industria genere ganancias masivas en dólares mientras los obreros reciben salarios de miseria, por lo que piden indexar las remuneraciones a la riqueza que produce la actividad minera actual.
El petitorio exige la activación urgente de un plan de seguridad industrial que incluya la dotación inmediata de uniformes, equipos de protección e insumos médicos para las plantas, acompañado de una homologación equitativa en el pago de los bonos.
La base laboral concluye su manifiesto recordando que el desarrollo del país no puede seguir construyéndose sobre el hambre de sus trabajadores, sentenciando que el hierro venezolano es, y debe seguir siendo, patrimonio de la Nación, en pro de la dignidad obrera, la transparencia y la defensa de la soberanía productiva.
