El reporte mensual resalta que el poder adquisitivo del salario mínimo -que se mantiene en 130 bolívares desde hace más de dos y años medio- se reduce a 0,6% con relación al precio de la canasta.
Hasta tanto no se mejoren los salarios ni se reconozca y honren los beneficios contractuales, los educadores venezolanos no atenderán el llamado del ministro Rodríguez, de “cambiar el sistema y combatir la inercia burocrática”.
Trabajadores denuncian el pago fraccionado de utilidades como una vulneración a la Ley del Trabajo, la situación viene afectando al personal desde hace 5 años.
Maduro prometió un conjunto de ayudas a los docentes del sector público, a quienes llamó a reincorporarse a las aulas, de las que desertaron miles de maestros en los últimos años debido a los bajos salarios y las condiciones laborales.
Carmen Márquez informó en una entrevista radiofónica que la mayoría de los maestros están desarrollando otros oficios para poder mantenerse.
Para Jacqueline Richter, directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical y profesora universitaria, este anuncio fue “profundamente irresponsable y electoral”. El Gobierno está negado a aumentar el salario mínimo y así lo ha dejado ver en las mesas de diálogo.
Meza afirma que un pensionado necesitaría al menos 400 dólares mensuales para cubrir sus gastos individuales, contrastando con los 34 dólares que realmente percibe.
Márquez subrayó que la iniciativa no es un partido político, sino una plataforma de lucha independiente y autónoma que llama al voto, pero no se alinea con ningún candidato en particular.
Sánchez informó que se elabora un informe con todas las irregularidades recibidas y las presentarán ante las autoridades educativas para que se aboquen a resolver las mencionadas problemáticas.
A pesar de que la empresa cobra tarifas que superan los 300 dólares, el personal permanece reclamando el impago de beneficios y la falta de atención médica para quienes sufren accidentes laborales.